El Govern balear ha dado un paso decisivo para desatascar las listas de espera en el reconocimiento del grado de discapacidad en Ibiza, una de las reivindicaciones históricas de los usuarios de las Pitiusas. La Dirección General de Atención a la Dependencia y las Personas con Discapacidad ha adjudicado dos contratos «pioneros» que supondrán un refuerzo inmediato de personal técnico para agilizar los expedientes.
Entre las medidas concretas para la isla, destaca la adjudicación a la empresa Emocional Technologies 22 de un contrato que dota específicamente a Ibiza de una persona valoradora dedicada. Este refuerzo forma parte de un lote que también asigna personal a Mallorca y Menorca, y que tiene como objetivo realizar 7.200 valoraciones complementarias en el archipiélago.
La medida se enmarca en el Plan de choque presentado el pasado otoño para reducir las demoras en dependencia y discapacidad. En total, el Govern ha adjudicado contratos por un importe de 2.373.144 euros con una vigencia de dos años prorrogables.
Además del refuerzo específico asignado a Ibiza mediante Emocional Technologies, se ha adjudicado otro gran bloque al Hospital Sant Joan de Déu. Este segundo contrato despliega seis equipos de valoradores que operarán de forma transversal. Estos equipos tienen la capacidad de valorar de forma completa a 14.400 personas en el conjunto de las Islas Baleares, lo que repercutirá directamente en la reducción de la cola de espera de los usuarios ibicencos.
Sumando ambos contratos, el Govern prevé alcanzar un total de 21.600 valoraciones (14.400 completas y 7.200 complementarias).
16 nuevos profesionales y refuerzo estructural
Los contratos contemplan la incorporación de un total de 16 profesionales externos para cubrir las necesidades de las cuatro islas. El perfil de estos trabajadores incluye valoradores sanitarios, psicólogos y trabajadores sociales. Su función será:
- Valorar a los usuarios presencialmente.
- Elaborar los informes técnicos previos.
- Remitir la documentación al órgano de valoración y asesoramiento, que será quien finalmente dictamine el grado de discapacidad oficial.
Paralelamente a estas externalizaciones, la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia está reforzando la plantilla propia. Según ha informado el Ejecutivo, estos días se están incorporando 33 profesionales a plazas estructurales de la Dirección General.
Tanto el personal externo como los nuevos funcionarios están recibiendo formación específica, incluyendo el uso de la herramienta digital Baredi, impartida por especialistas del órgano de valoración.
«Nadie debe quedar atrás»
La consellera de Familias y Bienestar Social, Sandra Fernández, ha calificado estas incorporaciones como una «pieza clave» para reducir los tiempos de espera. Fernández ha subrayado que el objetivo final es garantizar derechos fundamentales: «Es un nuevo paso para que nadie quede atrás y para que todas las personas de las cuatro islas vean reconocido su derecho a recibir una valoración de grado», ha concluido.
