EFE / Redacción / El Ayuntamiento de Santa Eulària, conjuntamente con inspectores de vivienda del Govern balear, ha inspeccionado un asentamiento ilegal ubicado en una propiedad privada del barrio de Can Negre y en el que residen centenares de personas.
Las inspecciones, ha confirmado el Ayuntamiento de Santa Eulària, se realizaron en las pasadas semanas, una vez que se obtuvo una autorización judicial para acceder a las “zonas comunes” de la propiedad privada. En dichas actuaciones, los técnicos contaron con el apoyo de los agentes de la Guardia Civil.
El terreno, conocido como Can Rova, es propiedad de tres herederos, uno de los cuales gestiona el asentamiento ilegal en oposición a los otros dos, que han judicializado el caso. Hasta el momento, la persona que gestiona el terreno había impedido el acceso a las administraciones correspondientes para realizar una inspección.
En el asentamiento ilegal se concentran varias decenas de vehículos y caravanas, que pagan un alquiler mensual ilegal por permanecer en el lugar.
Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària han confirmado que entre los residentes en dicho asentamiento se encuentra una decena de familias vulnerables, con menores a cargo, que están siendo atendidas por los Servicios Sociales municipales.
La administración municipal, tras varias inspecciones en las que han participado técnicos de Servicios Sociales, Actividades, Medio Ambiente y Policía Local, tiene como objetivo documentar la situación para “seguir con los procedimientos administrativos” y “restaurar” la propiedad a su estado original.
El Ayuntamiento descarta informar del número exacto de personas o los pasos a seguir, alegando que es una “cuestión delicada” y que debe realizarse “adecuadamente” para acabar con la situación irregular.
Denuncias en 2022
En julio de 2022, vecinos de la zona de la calle Riu Orinoco denunciaron la creación de un «camping ilegal» de caravanas en dos fincas colindantes a una casa, donde se habían instalado varias caravanas y furgonetas con elementos de sombra añadidos, además de coches y otro tipo de vehículos.
Entonces, el Ayuntamiento de Santa Eulària confirmó que tenían constancia de las denuncias, que se habían hecho diligencias previas con un informe de la Policía Local y que a partir de ahí se debía seguir «todo el procedimiento administrativo».
Vale. Lo inspeccionan porque hay problemas familiares entre los propietarios del terreno. Y qué harán después? desalojarlo? dónde se va a meter toda esta gente? ahora la moda es «quitar de un sitio para qué se coloquen en otro»? es urgente tomar medidas y prohibir la entrada a la isla de caravanas y similares. Regular la entrada de personas, solo con contratos de trabajo o alojamiento en establecimiento oficial y con vuelo de regreso, etc. La cosa ya es inaguantable.