«Una casa es una casa. No un club». Con esta contundente premisa, la Policía Local de Sant Josep de sa Talaia ha lanzado una seria advertencia en sus redes sociales para frenar la proliferación de fiestas ilegales en viviendas vacacionales del municipio. La publicación llega acompañada de un vídeo (que puede verse en la parte inferior de la página) en el que una persona muestra una lujosa casa de campo con espectaculares vistas al mar mientras presume, sin tapujos, de cómo la transforman en un auténtico club nocturno.
Ante esta situación, la policía ha querido delimitar claramente la línea que separa el ámbito íntimo de una actividad comercial ilícita: «Una fiesta deja de ser privada cuando necesita publicidad para existir», han argumentado las fuerzas de seguridad, aclarando que el uso de canales de comunicación masiva, como las redes sociales, para atraer clientes convierte el evento automáticamente en la promoción de una actividad regulada. Al trascender el ámbito doméstico y familiar, la vivienda queda sujeta a las estrictas autorizaciones y obligaciones que exige la ley.
La principal novedad en la que incide el cuerpo policial es que la responsabilidad legal ya no recae únicamente sobre los promotores de la fiesta. La normativa permite denunciar a toda la cadena que hace posible el evento:
- Asistentes: Acudir a este tipo de eventos ya no sale gratis. Los clientes de estas fiestas clandestinas pueden enfrentarse a sanciones individuales de hasta 3.000 euros.
- Organizadores y empresas colaboradoras: Quienes aporten servicios o infraestructuras (sonido, barras, seguridad privada, catering) se exponen a las multas más severas. La Ley 7/2013 prevé sanciones de hasta 300.000 euros para las infracciones consideradas muy graves.
Más allá del ruido: un problema de seguridad
Desde la Policía Local de Sant Josep insisten en que este tipo de intervenciones no se realizan únicamente por las molestias vecinales. El problema de fondo es la falta de garantías:
«No hablamos solo de ruido, hablamos de seguridad, de aglomeraciones sin control, de instalaciones improvisadas y de accesos para emergencias», señalan en el comunicado, recordando además la prioridad de proteger el derecho de los residentes a vivir con tranquilidad.
«La convivencia y la seguridad no son negociables», concluyen de forma tajante.
Los corsarios no son mucho mejores que los piratas.
Hablan de seguridad, pero miran a un lado con el cumplimiento de aforos en DC10, Hi, Ushuaia…
Por no hablar de molestias a vecinos.