La asociación de pozos de Eivissa solicita la suspensión del decreto de sequía

Además, ante el TSJB se ha solicitado la suspensión de la vigencia de los artículos 1, 2, 3.1.e) y f) y 5 del Decreto 34/2016 mientras el Tribunal estudia el fondo de la cuestión, según han informado desde la patronal.La solicitud de la suspensión se basa en tres motivos: asegurar la efectividad de la resolución judicial definitiva, la falta de apariencia de buen derecho dada las numerosas infracciones en que incurre el Decreto y la ausencia de perjuicio a los intereses generales frente al patente perjuicio que sí se ocasiona al sector de forma irreparable con la aplicación del Decreto.

De esta manera, desde la asociación recuerdan que el artículo 1 del decreto  declara la sequía como “extraordinaria” y esto contraviene lo dispuesto en el Plan Hidrológico de Balears y los estudios que señalan que la situación está dentro de los parámetros definidos como “prealerta”. En el artículo 2 del se regula el ámbito territorial y lo ciñe a la isla de Eivissa. «Bajo nuestro punto de vista, no se ha justificado la excepción seguida para la unidad de demanda de la isla de Eivissa ya que, con los mismos datos, no se ha declarado sequía extraordinaria en Mallorca», señalan. Por último, en el artículo 3 se regulan los efectos de la declaración de sequía, que incluye la obligación de los distribuidores de agua de proveerse en las desaladoras entre los meses de octubre y mayo, mientras que el art. 5 declara que las medidas adoptadas no tienen carácter indemnizable. Según la patronal, «éstos preceptos son nulos ya que vulneran la Ley de Aguas, el propio Plan Hidrológico de les Illes Balears e, incluso, la legislación de expropiación forzosa», apuntan. 

Desde la Asociación de Pozos y Extracción de Aguas, el Decreto incumple las previsiones del Plan Hidrológico, «así, se ha aprobado sin la preceptiva elaboración de un Plan Especial de Actuación en situaciones de alerta y eventual sequía y sin la redacción de un Programa de Actuación» y recuerdan que  el propio Consell Consultiu ampara las razones de impugnación del Decreto al haber advertido de la ilegalidad del instrumento de regulación, especificando que no puede ser mediante Decreto sino a través del cauce que exige el Plan Hidrológico de les Illes Balears como es el Plan Especial de Actuación.

Por otra parte, señalan que el Decreto causará «perjuicios de imposible o difícil reparación al sector al imponer modificaciones sustanciales de las concesiones para la explotación de los pozos a sus titulares sin la preceptiva y obligada indemnización, incumpliendo la regulación del Plan Hidrológico de les Illes Balears, la Ley de Aguas y la Ley de Expropiación Forzosa, que exigen a la administración la indemnización de cualquier revisión de las concesiones administrativa»s. Las medidas impuestas por el Decreto suponen, según han indicado,  «la confiscación de los derechos de los titulares de los pozos y la imposición forzosa a los concesionarios de agua de la obligación de adquirir el agua desalada al único proveedor, que no es otro que la empresa pública Abaqua».

Así, ante los» evidentes perjuicios que las medidas suponen para el sector de los empresarios de concesionarios de agua (que las llevará al cierre), que transportan apenas el 1,77% del agua consumida en la isla, y que apenas tendrán efectos sobre la recuperación de los acuíferos, se solicita la suspensión de los artículos referidos», concluyen.