La Diócesis de Ibiza niega al Defensor del Pueblo los datos de los dos sacerdotes que han cometido abusos sexuales en la isla

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha hecho entrega hoy viernes a la presidenta de las Cortes Generales, Francina Armengol, el Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Una respuesta necesaria, un estudio que pusieron en marcha desde la institución después de que así lo solicitase el Congreso de los Diputados.

Este informe hace referencia a Ibiza, ya que recoge dos casos de sacerdotes que han cometido abusos sexuales en la isla y señala directamente a la Diócesis de Ibiza y Formentera por no haber colaborado con ellos en la elaboración del informe, como sí han hecho otras diócesis, arzobispados y congregaciones de toda España que han aportado los datos requeridos.

Así, en lo que respecta a agresores, el Defensor del Pueblo recuerda que «solicitó las iniciales del victimario, su condición (sacerdote/diácono/laico) y su cargo, empleo o función (párroco/no párroco, catequista, profesor, director u otros)». «Sin embargo, no todas las diócesis han dado esta información. Hay diócesis que no han aportado ningún dato, ni siglas, ni condición ni cargo o empleo (las de Almería, Ibiza, Menorca, Oviedo), incluso aunque los hubieran publicado los medios de comunicación«, apunta el informe de unas 800 páginas.

El informe añade que tampoco colaboraron desde Ibiza en lo que respecta a las víctimas: «Cuatro diócesis no aportaron datos de las víctimas de sus casos: las de Ibiza, Mondoñedo-Ferrol, Sant Feliu de Llobregat y Oviedo», destacan.

Así lo resume el informe: «Un grupo de obispados no suministró prácticamente información de los casos que reconoce, ni sobre agresores, ni víctimas, ni abusos, ni lugar o tiempo. Son las diócesis de Sant Feliu de Llobregat, Almería, Menorca, Ibiza, Mondoñedo, Ferrol y Vic».

Los dos casos de Ibiza

El informe indica que hay dos casos documentados en Ibiza, ambos cometidos por sacerdotes. Solo hace referencia directa al caso de un cura castrense, mientras que el otro no lo cita directamente.

Este último caso salió a la luz en marzo de 2021, cuando Noudiari desveló que el Arzobispado de Valencia investigaba el escándalo de abusos sexuales cometidos presuntamente por el sacerdote Juan Manuel de Souza Iglesias. Los casos documentados posteriormente señalaban que los abusos comenzaron en los años 90 del siglo pasado y se extendieron, con diferentes víctimas, hasta 2018.

Este medio recogió directamente el testimonio de cinco presuntas víctimas y de una sexta que desveló IB3. Además, más tarde se han conocido al menos otros dos casos denunciados por la vía Penal y ninguno de los dos corresponden a los recogidos por este medio. De modo que sumarían ocho presuntas víctimas.

Este sacerdote fue expulsado de Ibiza, no ejerce como cura y, según ha podido saber Noudiari, vive en Tenerife donde tiene propiedades.

El otro caso al que se refiere el Informe sobre Ibiza es el de Francisco Sirvent, sacerdote expulsado del Ejército en 1995 tras ser acusado de supuestas coacciones a varios soldados del cuartel de Sa Coma en Ibiza.

Fue este un caso terrible, en el que un soldado estuvo a punto de quitarse la vida ingiriendo sedantes tras ser víctima de los abusos del religioso durante cinco meses continuados.

El arzobispado castrense lo trasladó fuera de la isla y fue expulsado del propio Ejército. Pero se fue a Puerto Rico, donde fue ordenado tras sus estudios, y allí ejerció como párroco de la iglesia de Sagrado Corazón de la diócesis de Ponce y fue profesor del departamento de Filosofía y Teología de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Además, Benedicto XVI le distinguió como prelado de honor por su trabajo en Argentina, donde se destacó como un experto en Derecho Canónico. Después de su periplo por Latinoamérica, regresó a Valencia, donde se convirtió en párroco de Alcoy y presidió la Fundación Lucània.

Con respecto a este caso, el Defensor del Pueblo tampoco ha logrado datos del Arzobispado Castrense, que refiere no haber tenido denuncias sobre abusos de niños, niñas y adolescentes, a pesar de que hay varios casos documentados y entre ellos, recuerdan, el de «un capellán castrense expulsado del Ejército en 1995, tras acosar y abusar de soldados en un cuartel de Ibiza, difundido también por varios medios de comunicación», destacan desde el Defensor del Pueblo.

Gabilondo ha explicado en rueda de prensa que un total de 487 víctimas, un 87% de ellas, hombres, han denunciado abusos sexuales en la Iglesia ante la unidad de atención a víctimas de la comisión creada por la institución.

Además, ha dado otro dato muy llamativo: según una encuesta encargada por el Defensor del Pueblo el 0,6% de la población española mayor de 18 años ha sufrido algún tipo de abuso por parte de algún sacerdote o religioso.

El Defensor del Pueblo, señala que este documento “se trata de un Informe necesario para dar respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido, de una u otra manera, cubierta por un injusto silencio”.

Así, Ángel Gabilondo pone de relieve que: “Las víctimas son el sentido primero, el sentido último y el sentido central de este Informe”.

 Respuesta de la Iglesia y de los poderes públicos

El Informe apunta que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada durante mucho tiempo por la negación o la minimización del problema.

«Algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación, sino incluso a presiones y a reacciones de representantes de la misma en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos», lamentan.

Por su parte, los poderes públicos «carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica».

«Sólo muy recientemente, el año 2021, se introdujeron mecanismos y procedimientos de prevención y detección para la totalidad de los centros educativos de titularidad pública o privada. La mayoría de casos que han llegado a ser denunciados, pese a ser una muy pequeña parte de la realidad del problema, no han encontrado respuesta por parte del sistema judicial», añaden.

Recomendaciones

El Informe propone una veintena de recomendaciones concretas. Entre ellas, se encuentran la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020.

También la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo especial -creado para la ocasión- sea el que instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica.

Además, dicen que la Iglesia católica debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares, cuando lo requieran. Y que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos.

Ángel Gabilondo, que ha dirigido los trabajos y presidido la Comisión Asesora de expertos, subraya que el Informe se ha configurado sobre la base de testimonios de las víctimas, entre ellas al menos una de Ibiza, que es la que recogió no solo Noudiari sino también el completo informe de El País, citando como fuente a este medio.

«Escuchar a las víctimas es encontrarse con la voz y la experiencia de un dolor. Y lo sucedido es para ellos y para la sociedad un verdadero desastre”. Y resalta, “el Defensor del Pueblo no tiene como misión juzgar, no es juez. No tiene como misión legislar, no es el legislador. Más bien analiza, pregunta, estudia, investiga y recomienda y sugiere”.

Testimonios

La Unidad de Atención a las Víctimas, también creada para abordar los trabajos del Informe, ha recogido información relevante sobre 487 víctimas, en entrevistas realizadas tanto en Madrid como fuera de la capital. De ellas, la inmensa mayoría (84%) fueron hombres.

Las víctimas recalcan los problemas emocionales y de conducta que padecen como consecuencia de los abusos. Y un tercio de éstas señalaron haber tenido síntomas de estrés postraumático y, algunas de ellas, habían experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización y de acción suicida.

La atención a las víctimas ha sido el trabajo de un equipo formado por especialistas contratados para la ocasión (tres psicólogos, una trabajadora social, una criminóloga y un abogado-psicólogo sanitario, que han contado con el apoyo administrativo de dos personas). Las primeras víctimas fueron atendidas, en la Unidad de Atención a las Víctimas, el 6 de julio de 2022.

Los testimonios recogidos de la escucha respetuosa a las víctimas revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en sus vidas. “En ningún caso el número de testimonios pretende dejar determinado el alcance cuantitativo del problema. Lo importante, cuando se ofrece un determinado número de testimonios de víctimas, es tener presente la singularidad personal de cada una de ellas y la inviabilidad de reducirla a una cifra en una contabilidad”, subraya el Defensor del Pueblo.

Además de los testimonios directos recogidos para elaborar el Informe se ha tenido en cuenta otras fuentes provenientes de organismos oficiales, de la propia Iglesia y de investigaciones de medios de comunicación.

Algunos de los testimonios recogidos en la Unidad de Atención a las Víctimas, con citas explícitas, se incluyen en el Parte III Capítulo 4 del Informe, tras contar con autorización previa del autor.

La mayoría de los victimarios conocidos son hombres. Y solo una pequeña parte de las personas acusadas de haber cometido abusos han sido juzgadas por parte de las autoridades civiles. La mayoría fueron mantenidas en sus puestos, trasladadas o, en menor medida, juzgadas a través de Derecho Canónico.

Más de ochenta reuniones

El Defensor del Pueblo ha mantenido, además de reuniones con asociaciones de víctimas, más de 80 encuentros con el presidente y secretarios generales de la Conferencia Episcopal Española, con el presidente de la Conferencia Española de Religiosos y con superiores y miembros de la misma, con el decano del Tribunal de la Rota, con representantes de institutos de vida consagrada, y con la Comisión Asesora y Foro de Asociaciones de Víctimas.

El Informe indica que “los abusos sexuales en la Iglesia católica constituyen un grave problema social y de salud pública. Un problema que ha causado mucho daño. La gravedad del fenómeno deriva de la intensidad del daño que han sufrido las víctimas, de la cantidad de personas afectadas y de la defraudación de la confianza depositada por ellas, y por una parte muy importante de la sociedad, en una institución que ha tenido un poder innegable en España y una autoridad moral en la sociedad”.

Ángel Gabilondo subraya que “el Informe aporta claridad, datos y argumentos ante una cuestión que a todos resulta difícil de abordar, pero que es imprescindible hacerlo. Se trata de que se asuman responsabilidades, lo que implica responder de, responder ante y responder a. Y esta respuesta necesaria exige que el Informe que hoy entregamos a la Cortes Generales, a través de su presidenta, contribuya a la toma de mayor conciencia de la cuestión, y a dar efectivamente una respuesta a las víctimas, una respuesta exigida por ellas con buenas razones”.

El informe completo se puede leer en este enlace.