NouDiari / El Palau de Congressos ha acogido la Junta Local de Seguridad del municipio de Santa Eulària, encuentro en el que se hizo balance de la atípica temporada veraniega que hemos vivido y se estudiaron vías para mejorar la coordinación entre cuerpos de seguridad. En la reunión, además, se alcanzó el acuerdo de pedir que las sanciones impuestas con motivo de las restricciones por la epidemia de coronavirus lo máximo que sea posible para que, además del aspecto punitivo, también tengan un carácter disuasorio.
En la reunión participaron la alcaldesa, Carmen Ferrer; y el concejal encargado de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Roselló; así como mandos de la Policía Local de Santa Eulària des Riu. Además, también estuvo presente el director insular de la Administración General del Estado, Enrique Sánchez, mientras que por parte de la Guardia Civil acudió una delegación encabezada por el comandante Enrique Gómez Bastida.
Uno de los principales acuerdos a los que se llegó es el de solicitar a la Delegación del Gobierno el que estudie medidas para agilizar al máximo que le sea posible la tramitación de las sanciones por covid-19 que se imponen. La Policía Local de Santa Eulària des Riu ha levantado más de un millar de actas por cuestiones de este tipo.
El que no puedan ser resueltas de forma rápida por parte de Delegación de Gobierno hace que el efecto disuasorio de las mismas sea menor ya que puede generar cierta sensación de impunidad en los afectados o en las personas de su entorno. A este respecto, el director insular de la Administración General del Estado se comprometió a transmitir esta petición para tratar de agilizar estos expedientes manteniendo los plazos y las garantías legales exigibles.
En la reunión, tanto Policía Local como Guardia Civil, coincidieron en considerar muy positiva la colaboración entre ambos cuerpos, y se destacó la necesidad de seguir trabajando en esta línea, especialmente en dos aspectos que resultan especialmente preocupantes.
Por un lado, la celebración de macro fiestas en casas particulares como alternativa al ocio nocturno. A este respecto, se ha valorado la cooperación que permitió actuaciones como la realizada en una vivienda de la zona de Ca na Negreta donde, además de infracciones de la normativa por coronavirus (con el riesgo sanitario que implica), también se levantaron actas por servicios ilegales de transporte y por tenencia de drogas.
Por el otro, el riesgo medioambiental que presenta el uso de caravanas en zonas forestales o de litoral y que en algunos casos va acompañado de realización de hogueras, depósitos incontrolados de basura o vertidos de combustibles u otros líquidos contaminantes.
En este sentido, se planteará la necesidad de trabajar conjuntamente el Ayuntamiento con la Guardia Civil y pedir que los Agentes de Medio Ambiente del Govern también puedan participar en esta coordinación para hacer más efectiva la prevención y seguimiento de estas situaciones.
