Lágrimas, miradas clavadas en el suelo, temblores, abrazos, algún grito de desahogo, palmadas de consuelo. Lo que se está viviendo hoy en los apartamentos Don Pepe no puede calificarse de otro modo que de tragedia: la de 29 familias de las escaleras 3, 4 y 5 que abandonan sus hogares tras recibir la notificación judicial de desalojo que ha solicitado el Ayuntamiento de Sant Josep por el presunto estado ruinoso de sus viviendas y su consiguiente riesgo de colapso, algo que los vecinos niegan con el aval de varios informes.
Un control de la Guardia Civil impide acceder por carretera a los Don Pepe a todos los que no tengan justificación para acudir. Una medida que los vecinos califican de “cruel e innecesaria”, ya que solo querían que sus propios familiares les ayudaran a mover enseres o recibir el apoyo de sus amigos en un momento tan crítico como el que se vive hoy.
A pesar de la rabia y la tensión, los vecinos han ido desalojando sus casas durante la mañana de manera pacífica y sin mediar violencia o altercados. Tan solo alguna vecina ha perdido los nervios y ha soltado algunos improperios contra el alcalde de Sant Josep, Ángel Guerrero, al que muchos vecinos responsabilizan hoy de esta manera de actuar “desalmada”. “Se va de vacaciones mañana y no ha tenido la decencia de aparecer por aquí y dar la cara”, afirmaba.
“Estoy en mi derecho de gritar. Me están echando de mi casa”, decía la vecina, que fue inmediatamente consolada por otras afectadas, que trataron de tranquilizarla. “Me he tomado ya ocho pastillas hoy, no puedo más”. Y es que la propia portavoz de la comunidad de propietarios, Silvia Hernández, explicaba que todos los vecinos de los Don Pepe están medicados con tranquilizantes, ansiolíticos o antidepresivos para poder vivir y dormir, porque llevan meses de auténtica tortura con este desalojo.
Ni al mismísimo Charles Dickens se le habría ocurrido un cuento de Navidad más triste que este: a una semana de Nochebuena, los vecinos cargan hoy sus coches y furgonetas con todo lo que tienen. Hasta las mascotas, perros y gatos, estaban gimiendo desconcertadas en sus transportines dentro de los vehículos.
Ni los periodistas que han acudido a cubrir el desalojo han podido disimular su congoja al entrevistar a los vecinos y a más de uno se le han llenado los ojos de lágrimas al conocer de cerca la situación concreta de los vecinos.
Algunos vecinos han tenido que desembolsar dinero para instalar en sus casas puertas de metal anti okupación ilegal, ya que este es uno de sus temores al dejar sus viviendas. Otros han dejado enseres dentro porque no se lo han podido llevar todo hoy o porque tienen la esperanza de que la justicia finalmente les dará la razón y podrán regresar algún día a sus hogares. “Hoy nos veis así porque estamos desgastados y tristes pero somos optimistas”, afirmaba una de las afectadas.
Agentes de la Policía Local de Sant Josep han llevado las notificaciones de desalojo a las viviendas, mientras que la Guardia Civil también ha desplazado varias unidades para velar por el orden. Algunos agentes han dialogado con calma con los vecinos para tratar de que todo el proceso se desarrollase de la manera más pacífica posible.
Los testimonios de vecinas como Terje Heinoja, Gloria Saura o Catherine Collier, de 69 años, ponen rostro a una situación que tachan de “injusta”, ya que en todo momento sostienen que el edificio “se puede rehabilitar”.
“Hemos pagado la hipoteca con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo de muchos años y ahora no tenemos nada”, explica Heinoja, vecina desde hace 20 años de la escalera 5, mientras su hijo, ‘nacido’ y criado en los apartamentos, de 16 años, la consuela.
Ahora su familia, si quiere quedarse en la isla, tendrá que invertir todos sus ahorros en pagar por adelantado un año alquiler en Ibiza y sus correspondientes fianzas y cargos de agencia, unos 18.000 euros. “Esto es lo que nos hemos encontrado porque actualmente no tenemos un contrato laboral como tal. También puedo irme de la isla y volver a mi país, Estonia, si no me queda otra”, dice temblando de pies a cabeza y de nuevo consolada por su hijo.
“Hay que sacar fuerzas de donde sea porque yo confío en que se va a arreglar esto”, asegura, a su lado, su vecina y amiga Gloria Saura, de la escalera 5 que lleva casi cuatro años viviendo en los Don Pepe donde es propietaria de un apartamento. Intenta ser optimista: “las cosas no son como empiezan sino como terminan”.
“Lo que nos están haciendo no es justo, el alcalde tiene un pulso contra nosotros y no lo va a ganar porque no es justo”, remarca mientras se le llenan los ojos de lágrimas al ver a su padre, a su lado, también emocionado y con sensación de impotencia. “A mis hijos, que vienen a ayudar a su madre, no los van a dejar pasar por el control que hay en la carretera. ¿Eso por qué?”, denuncia.
El drama de vivir de ayudas o de prestado
Los vecinos afirman que hay problemas para acceder a las ayudas prometidas “ya que solo te las dan si demuestras tener una renta baja. Vamos, que tienes que ser un indigente o no te ayudan”, se quejan. “Por el momento solo tengo dos meses en los apartamentos Bonsol”, dice otro vecino. “Si tienes ahorros no te dan ayudas”, lamenta un tercero.
Catherine Collier, de 69 años, a la que le quedan 12 años de hipoteca, fue ya desalojada en junio de 2020 de la primera escalera que se clausuró por riesgo de derrumbe, según el Ayuntamiento de Sant Josep. “Estoy buscando vivienda desde entonces y, como soy autónoma de temporada, nadie me ha querido alquilar”, explica. “Pedí al Ayuntamiento que me sirviera de avalista y se han negado”, relata. “Volví a ocupar mi apartamento precintado porque no tenía donde vivir cuando nos echaron del Bonsol. Ganamos, después un juicio, conforme nos tenían que realojar, pero recurrieron y ganaron. Finalmente nos echaron del Bonsol y por eso lo he ocupado, porque sé que no va a colapsar. En junio de este año ya no tenía agua en mi piso y unos vecinos me dejaron un apartamento de la escalera 3, con lo que hoy es mi segundo desalojo y sigo sin tener nada. Tengo que volver al Bonsol”, relata sobre su peripecia vital y la incertidumbre con la que vive cada día. “Salvo que seas un indigente te dejan de lado con las ayudas”, afirma.
“No somos okupas, somos propietarios”
“No somos okupas, somos propietarios”, subraya Saura, a la que también le quedan 12 años de hipoteca por pagar. Es más, durante el desalojo ha aparecido el okupa que se instaló en una de las viviendas desalojadas previamente y que ha sido recibido con abucheos. Los vecinos han pedido a las fuerzas del orden que lo echen.
Silvia Hernández, portavoz vecinal, explica que están pendientes de saber cómo se va a articular el convenio entre Consell y Ayuntamiento de 500.000 euros en ayudas y también que relatado que el Ayuntamiento ofrece un alojamiento de dos meses (prorrogables a cuatro en el Bonsol). “También habrá ayudas de alquiler pero todo eso es muy provisional. Esto no es una cuestión de dinero; lo que más rabia nos da es la falta de empatía y la falta de sensibilidad. Angel Luis Guerrero se marcha mañana de vacaciones y ha solicitado la orden judicial de desalojo teniendo sobre la mesa nuestro último informe realizado por profesionales de reconocido prestigio que dice que estos apartamentos ni se caen ni colapsan ni son ruina técnica ni es ruina económica”. “No solo es la rabia y la sensación de que le están robando a uno la vivienda a plena luz del día sino que se ríen en nuestra cara porque no han querido mirar el informe y hacen esto a las puertas de Navidad”, lamenta.
El caso está ahora mismo recurrido en varias vías judiciales: “Hay un contencioso puesto contra el desalojo de la escalera 1 y 2L; un contencioso contra el desalojo de la 3, 4 y 5; además estamos en fase administrativa con el expediente de ruina en el Ayuntamiento y, si pasa el plazo de silencio, recurriremos al contencioso y, si nos contestan algo que no nos interesa, también iremos al contencioso”, subraya la portavoz. Hernández relata que algunas familias no han esperado al último día de desalojo y han ido dejando sus viviendas en los últimos días.
Viva nuestros politicos.basura es lo que son