«Las VPO de Ibiza están en riesgo: sin una revisión de precios, los promotores no las querrán hacer»

Sobre la mesa del despacho de Consuelo Antúnez hay un ordenador, una tablet y montones de papeles en ese orden caótico tan propio de quien realmente trabaja. Pero también hay decenas de trofeos de golf dispuestos sobre un mueble y una gran imagen del Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci: el golf es su pasión y terapia anti estrés, mientras que esa imagen de Leonardo, símbolo de equilibrio y proporción, enmarca la conversación con una mujer cercana y enérgica.

Aunque estudió Arquitectura y desarrolló su vida en Madrid, el rumbo cambió para ella de forma abrupta en 2003, tras la enfermedad y fallecimiento de su padre, fundador de la empresa familiar junto a su actual socio. Esa vuelta a Ibiza acabó convirtiéndose en un giro vital: ponerse al frente de un proyecto que hasta entonces había observado desde fuera. Lo que encontró no fue solo una empresa, sino un reto que, con el tiempo, terminaría por convertirse en vocación.

Desde entonces, su implicación en el sector ha ido creciendo. Primero entró en la junta directiva de Pimeef Construcción, siguiendo la estela de su padre. Después, tras años de aprendizaje y trabajo interno, asumió en 2012 la presidencia de su sector en la patronal, un cargo que hoy compagina con la vicepresidencia de Pime Baleares Construcción. 

Hablamos con ella de un sector crucial para la isla, que se debate entre la necesidad de más viviendas asequibles para sus residentes, trabajadores y trabajadoras y una realidad demoledora: las viviendas que se construyen están totalmente fuera del alcance de un ciudadano medio. El precio del suelo en Ibiza es increíblemente caro. Y, ahora, la guerra de Irán no hace más que elevar los costes y complicar todavía más la situación: los precios suben y afectan a la población a todos los niveles. Ella se muestra rotunda: “esta guerra tiene que parar ya”

—A principios de año hacían ustedes previsiones propicias para el sector, pero el contexto internacional con la guerra de Irán lo ha cambiado todo completamente. ¿Qué previsiones tienen? ¿Ya les afecta el incremento de costes?

—Hasta ahora no había afectado, pero las navieras ya han avisado de que esta semana aumentaban los fletes para los camiones. Por su parte, los transportistas han notado el encarecimiento del combustible… Todo eso va en aumento. Se va a notar también en las fábricas que tienen una gran demanda de energía, como las de cemento o la siderurgia. Enseguida se encarecen los materiales y, ahora mismo, no sabemos hasta dónde van a llegar esos aumentos. El betún [alquitrán], que es un derivado del petróleo para construir carreteras, ha subido ya entre un 30 y un 40 % y se espera que las subidas sean mayores.

—¿La construcción de VPO, que tiene unos presupuestos más ajustados, podría verse afectada? 

—Estamos en un momento en el que se van a licitar un montón de viviendas, más de mil, si no me equivoco. Si no existe la cláusula de revisión de precios, será difícil que los promotores las quieran hacer. Pedimos, además, que las revisiones sean automáticas. Con el contexto de la guerra de Ucrania sí se aceptaron las revisiones.

—Entonces, ¿existe el riesgo real de que se paralicen promociones de VPO o VPL en Ibiza si no se revisan las condiciones de los contratos?

—Sí. Si no hay posibilidad de que haya revisión de precios, yo creo que sí. Pero la cláusula de revisión de precios se puede incluir. El problema es que solo se puede hacer con proyectos a más largo plazo; en una carretera que lleva dos meses de trabajo no te puedes beneficiar de esa revisión de precios.

—¿Creen suficientes las medidas que ha anunciado el Gobierno central como la reducción del IVA a los carburantes? ¿Qué otras medidas plantearían?

—Todas las ayudas son bienvenidas. Seguramente no son suficientes porque ya estamos viendo que algunos materiales se encarecen un 30 o un 40 %. Lo que tienen que hacer es parar la guerra ya. Realmente parece que no hay visos de que vaya a parar, pero si parase, todo volvería a la normalidad.

—Frente a quienes dicen que a Ibiza le beneficia la guerra porque es un destino seguro…

—La realidad es que si sube el transporte y sube el gasoil, va a subir la cesta de la compra y eso nos va a afectar a todos. No es cuestión de que afecte a transportistas o de que afecte a constructores. Es a todos. Lo más problemático es la incertidumbre, como sucedió con la guerra de Ucrania. Hay suministros de hierro para estructuras que te dan los precios válidos solo para un día; es decir, que el precio de hoy no es el de dentro de una semana. Volvemos otra vez a que no te puedan dar un presupuesto a dos o tres meses vista como es lo normal. Eso es tremendo.

—¿Se dan casos de compra preventiva de material para evitar sufrir los precios que puedan venir en el futuro?

—Si vamos a un almacén de materiales, seguramente hoy ya será más caro que la semana pasada. Si acaba la guerra, las cosas pueden volver a la normalidad. En un contexto así es muy difícil tomar una decisión preventiva. Alguien puede pensar: “voy a intentar almacenar todo el gasoil que pueda”, pero a lo mejor lo has comprado también a más precio del que luego te costará en dos semanas.

—¿Y esto también afecta a obras privadas? ¿Que se disparen los costes hasta el punto de parar la obra?

—Ahí ya es una cuestión de negociación directa con el cliente. Las cláusulas de revisión de precio solo son para obra pública. En lo que respecta a obra privada, cada uno tiene su negociación.

—En general, ¿el modelo actual de VPO en Balears es atractivo para los constructores o no?

—Hay diferentes tipos de vivienda protegida. La Vivienda de Protección Oficial (VPO) es la más regulada, con precios más limitados y requisitos más estrictos, aunque puede ser promovida tanto por la administración como por promotores privados.

Por otro lado, la Vivienda de Precio Limitado (VPL) es una modalidad más flexible, con precios superiores a la VPO (aproximadamente entre un 10 y un 30 % más, según el tipo). Estas viviendas suelen desarrollarse principalmente por promotores privados, aunque están sujetas a condiciones y límites establecidos por la administración.

También están los llamados proyectos residenciales estratégicos, que más que ayudas económicas directas, lo que buscan es agilizar y facilitar la tramitación urbanística.

—¿Y eso es interesante para ustedes?

—Sí, porque, en condiciones normales, desarrollar un suelo urbanizable puede llevar fácilmente 8 o 10 años entre planeamiento, licencias y ejecución. Con esta figura, la administración intenta reducir esos plazos de forma significativa, incluso a unos 2 o 3 años en algunos casos. Estos proyectos pueden desarrollarse tanto sobre suelo público como privado. En muchos casos hay colaboración público-privada, donde el promotor privado ejecuta la promoción, aunque también puede tratarse de iniciativas completamente privadas acogidas a este régimen.

Para beneficiarse de estas ventajas, el promotor debe destinar una parte importante del proyecto a vivienda asequible, como la Vivienda de Precio Limitado o Vivienda de Protección Oficial.
Esto implica que los precios de venta están limitados, por lo que no es, en principio, el modelo más rentable. Sin embargo, puede resultar interesante desde el punto de vista empresarial porque permite reducir plazos, aumentar la seguridad del proyecto y acelerar la rotación de la inversión.

—Está claro, en todo caso, que la vivienda de promoción pública se queda corta para toda la demanda que hay en Ibiza y Formentera. ¿Qué otras medidas proponen para que la vivienda llegue a la gente?

—Hace falta más suelo, pero no para construir en rústico, sino en las zonas urbanas o alrededor del suelo urbano. Que se permita hacer más altura o viviendas más pequeñas, porque muchas normativas contemplan viviendas que quizá no son lo que necesitamos. Están pensadas para una familia con tres hijos, y ahora una pareja tiene un hijo, o es una familia monoparental y no necesita viviendas de 90 metros cuadrados.

De hecho, en las medidas de emergencia habitacional, una de las cosas que se podía hacer era dividir en dos una vivienda. A lo mejor si tienes una vivienda de 90 metros, poder hacer dos viviendas de 45.
Pero tiene que ser algo que esté contemplado dentro de una normativa. Legalmente no lo puedes hacer por tu cuenta.

—La pregunta es inevitable: Si se habilita más suelo para construir, ¿no pasará lo que está pasando ahora, que los precios seguirán siendo muy altos y solo para inversores extranjeros y personas de alto poder adquisitivo, y no para trabajadores? Eso por no hablar de todos los pisos que hay vacíos en esta isla y que hacen cuestionarse si la solución realmente es construir más o que salga todo eso al mercado de alquiler…

—En muchos casos, los propietarios no alquilan sus viviendas durante todo el año porque les resulta más rentable alquilarlas temporalmente —cuatro meses al año por semana— que comprometerse a un alquiler anual. Aunque eso no se puede hacer y ahora se están imponiendo multas y regulando mejor el alquiler turístico, hasta hace poco era algo muy común. Se estima, además, que solo en la ciudad de Ibiza hay unas 6.000 viviendas vacías, una cifra muy alta. Parte del problema es que la ley protege poco a los propietarios: si tienen un inquilino que no paga, incluso si es una familia vulnerable, el propietario debe asumir los gastos. Esto desincentiva el alquiler a largo plazo.

Por eso, muchos optan por el alquiler turístico o simplemente mantienen la vivienda cerrada, especialmente si no la necesitan, por ejemplo, si la han heredado o la guardan pensando en un uso futuro para sus hijos. Al alquilarla a largo plazo, corren el riesgo de no poder disponer de ella cuando la necesiten.

En mi opinión, la ley debería ofrecer más apoyo a los propietarios para que les resulte atractivo poner en alquiler esas viviendas vacías.

—Pero el Govern balear ya ha puesto en marcha el programa ‘Alquiler seguro’, que da muchísimas garantías, y casi nadie en Ibiza se ha acogido a él.

—Sí, claro. La verdad es que no sé por qué no ha funcionado, porque no me parece una mala opción. Tal vez sea por el precio o por el compromiso que implica, no lo sé.
En este tipo de programas, se supone que las viviendas están protegidas frente a posibles impagos, lo cual es positivo. Sin embargo, al acogerse, el alquiler queda limitado a un precio máximo, y eso puede desincentivar a algunos propietarios. Aun así, me sigue pareciendo una buena iniciativa.

—Sobre las legalizaciones en suelo rústico. Me consta que hay propietarios que se están poniendo en contacto con vosotros, los constructores, porque tienen que justificar las facturas de reformas para poder legalizar las casas y no las tienen. ¿Está pasando eso?

—Sí que se ha dado algún caso. Tanto de facturas como de petición de planos del proyecto.

—Respecto a la posibilidad de construir en suelo de transición urbano-rústico, una medida que ha generado mucho rechazo… ¿cómo la defendería? Los constructores son percibidos muchas veces como «los malos de la película» en todo esto.

—Vamos a ver, no se trata de llenar todo de hormigón, eso lo tenemos claro; somos conscientes y somos los primeros que pensamos que el territorio se tiene que mantener. Dicho esto, construir en áreas de transición me parece una buena opción. Se trata de terrenos cercanos al suelo urbano, no se trata de edificar en medio del campo sin control. Es, más bien, una evolución lógica: si aumenta la población y hay más necesidad de vivienda, estos espacios son los más adecuados para crecer de forma ordenada.

Falta de personal

—La falta de trabajadores, que afecta a todos los sectores en Ibiza, puede llegar a ser crítica en el sentido de que se rechacen proyectos o digas “bueno, podría hacer otra cosa más, pero no la hago”.

—Actualmente no contamos con la posibilidad de incorporar personal adicional como hacíamos antes. En otras ocasiones, si surgía una nueva obra, podíamos contratar más gente para asumirla, pero ahora sabemos que es muy difícil. Las personas que llegan nuevas suelen tener menos arraigo, muchas veces no disponen de vivienda y es complicado que se queden a largo plazo. Además, pueden marcharse porque no pueden vivir aquí o porque encuentran mejores condiciones en otro lugar.
Por eso, intentar abarcar más trabajo implica un riesgo: no siempre se puede contar con la misma estabilidad y compromiso que ofrece el equipo fijo que ya tenemos consolidado.

—Y en los asentamientos ilegales… imagino que también hay personal de construcción viviendo allí, ¿verdad?

—Sí, claro, hay personas viviendo allí también. Esto se relaciona con la gente que trabaja sin papeles…

—¿Qué piensa de la regularización extraordinaria de migrantes trabajadores sin documentación legal en España?

—Nosotros consideramos que la regularización es una medida muy positiva. Permite que quienes ya viven aquí y trabajaban en la economía sumergida puedan hacerlo de forma legal, recibir formación y mejorar sus condiciones.
Siempre hemos puesto a disposición las instalaciones de la Fundación Laboral de la Construcción para formar a quienes quieran entrar en el sector. Por eso, para nosotros, esta medida es estupenda: toda persona que pueda integrarse legalmente al trabajo aquí es bienvenida.

—¿Tienen algún porcentaje o referencia de cuántos trabajadores extranjeros hay en vuestro sector?

—No puedo decir un porcentaje exacto, pero es cierto que la construcción no es un sector especialmente atractivo para la gente local. Por eso, muchas de las personas que trabajan en él son inmigrantes.

—¿Hay sobrecarga de trabajo por falta de personal? Es un sector especialmente sensible por la siniestralidad laboral que puede ir acarreada.

—Yo no lo creo. Creo que la falta de personal se traduce en que no haces más proyectos de los que puedes hacer porque no tienes gente. Los trabajadores valoran muchísimo el tema de la conciliación hoy en día y, además, físicamente tampoco se puede. Tú no puedes decir “venga, vamos a trabajar 12 horas” porque no es posible ni deseable.

—¿Pero en construcción no se hacen horas extras?

—En algunos casos sí se ajustan los horarios. Por ejemplo, en mi empresa y en muchas otras, durante el verano se aplica jornada intensiva debido al calor, terminando a las 14 h. Las horas que se reducen en esta época suelen compensarse en invierno, ya que trabajar por la tarde en verano resulta muy duro por las altas temperaturas.
También es habitual ver trabajos en horarios especiales, como fines de semana o incluso de noche, especialmente cuando hay plazos de entrega ajustados. Esto ocurre, por ejemplo, en proyectos que deben estar listos para una apertura concreta.
A nosotros nos ha pasado en obras con fechas límite, como la apertura de un restaurante: en esos casos, si es necesario trabajar los sábados, se hace. Sin embargo, esto se compensa después, ya que a partir de junio suele haber menos carga de trabajo y jornadas más reducidas.
En general, los meses de febrero a mayo son los más intensos, porque es cuando se prepara todo de cara a la temporada.

—Esta semana un medio de Ibiza afirmaba que su sector ha «pinchado» por una reducción de empleo con respecto al mes anterior. ¿Comparte que hay un «pinchazo» en la construcción de Ibiza?

—La verdad es que no. En general, los datos no indican un descenso significativo del sector, sino más bien variaciones puntuales propias del tamaño del mercado y de la ejecución de proyectos concretos.
En Ibiza, el número de empleados rondaba entre 9.800 y 9.900 en diciembre y ahora hay más. En noviembre llegó a superar los 10.400. Estas variaciones mensuales no son especialmente significativas, ya que pueden deberse a factores puntuales como el inicio o finalización de proyectos.
En territorios pequeños como Formentera, estas fluctuaciones se notan aún más. Un solo proyecto relevante, como la construcción de la planta de gestión de residuos, puede hacer que las cifras se disparen en un año concreto —por ejemplo, con incrementos cercanos al 300 % en obra pública—, pero eso no refleja una tendencia estructural. Me preocupa más el tema de lo que pueda afectar la guerra, que realmente sea un pinchazo.

—Como presidenta de Pimeef construcción, ¿cuáles diría que son las principales reivindicaciones o en lo que están trabajando ahora más intensamente?

—Hace años que tenemos sobre la mesa el tema de las normativas: queremos que sean más a largo plazo y que no sean tan cambiantes para que no haya la inseguridad jurídica que hay. También trabajamos en intentar facilitar vivienda para que pueda venir la gente y que podamos tener trabajadores.