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Los arquitectos piden la apertura de juicio oral contra el hijo y la nuera de Huerta

Por Luciana
30 septiembre 2017
en Local
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Imagen del Ayuntamiento de Sant Josep.

@Noudiari/El Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares (COAIB) ha presentado su escrito de acusación contra el hijo y la nuera del exarquitecto municipal del Ayuntamiento de Sant Josep, fallecido en enero de 2016, José Antonio Huerta Briz, y ha pedido la apertura del juicio oral ante el Juzgado de lo Penal.

Los arquitectos acusan al hijo, Antonio Julián Huerta Chamorro, y a la nuera, María del Pilar Fernández, ambos arquitectos de profesión, de ser cooperadores necesarios en una trama para desarrollar hasta 52 proyectos urbanísticos en Sant Josep, en connivencia con el exarquitecto municipal fallecido, con el fin de ocultar su incompatibilidad como funcionario público y con «el ánimo de enriquecerse».

El escrito de acusación considera que se trató además de un delito continuado y pide para ambos una pena de 18 meses multa con una cuota diaria de 100 euros (54.000 euros) y la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de arquitecto durante 3 años.

Además, para la nuera de Huerta, María del Pilar Fernández Pérez, piden penas de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, por el que reclaman 18 meses de cárcel, o alternativamente, una pena de dos años de prisión por un delito contra el medio ambiente.

Cooperadores necesarios 

El escrito relata que entre 1999 y 2006, Huerta Briz, sobre cuya responsabilidad se emitió un auto de extinción en febrero de 2016 tras su fallecimiento, llevó a cabo trabajos como arquitecto, proyectos de obra y de construcción en Sant Josep, «con pleno conocimiento de la prohibición específica de ejercer privadamente como arquitecto en el municipio, prevaliéndose además de la posición que le ofrecía su cargo y con ánimo de enriquecerse».

Según la acusación, «con el fin de ocultar la incompatibilidad como funcionario público con el ejercicio como arquitecto privado en dicho municipio», los proyectos eran elaborados en el despacho de su hijo, el acusado Antonio Julián Huerta Chamorro «y en connivencia con el mismo».

La zona Es Puig de Mar, en Cala Molí, donde la nuera de Huerta desarrolló un proyecto de urbanización y edificación en zona ANEI.

Además, y también para ocultar la incompatibilidad, «los proyectos eran firmados por la nuera del Sr. Huerta, la acusada María del Pilar Fernández Pérez, bien personalmente, bien a través de su sociedad KELTIKE S.L».

De esta forma, Huerta evitaba que se descubriera la actividad que tenía prohibida por su cargo, «ya que él mismo, además, como arquitecto municipal, informaba directamente en los correspondientes expedientes de licencias de obra», destaca el Colegio de Arquitectos.

Para los arquitectos, la nuera de Huerta tenía pleno conocimiento de la incompatibilidad que afectaba a su suegro y para ocultar tal extremo y con el ánimo de enriquecerse, «entre los años 2000 a 2005 firmó personalmente o a través de su sociedad KELTIKE S.L. 52 proyectos todos ellos en el municipio de Sant Josep» donde su suegro era el arquitecto municipal que iba a informar o intervenir directa o indirectamente en los expedientes de concesión de las correspondientes licencias».

Más de 12 millones de euros 

En su escrito de acusación, los arquitectos detallan los proyectos firmados por Fernández e informados por Antonio Huerta Briz , que fue arquitecto municipal del Ayuntamiento de Sant Josep entre 1998 hasta 2007.

Según señalan, estas operaciones supusieron «la obtención de importantes ingresos económicos para los acusados superiores a los 12.000.000 de euros».

La nuera de Huerta firmó 29 proyectos personalmente, entre ellos, uno de 83 apartamentos y locales en Cala Molí; 20 apartamentos, 28 estudios, locales, piscina y aparcamientos en Cala Vedella; 15 estudios locales y piscinas en Cala de Bou, así como dos naves industriales en la carretera al aeropuerto y numerosas viviendas unifamiliares por todo el municipio.

Asimismo, Pilar Fernández firmó otros 25 proyectos a través de la entidad mercantil KELTIKE S.L., entre los que se cuentan otros 12 apartamentos, 16 estudios, 2 viviendas, 15 piscinas, 2 locales, apartamentos y trasteros en Cala Molí; 14 apartamentos, 8 dúplex, 3 estudios, aparcamientos y piscina en Cala Carbó; 64 estudios, 38 locales-taller, 63 plazas de aparcamiento, 63 trasteros y piscina común en Cala Vadella; otros 46 estudios y locales en Avenida Sant Agustí, y 30 apartamentos, locales, aparcamientos y piscina en Sant Josep, entre otras numerosas edificaciones.

Los arquitectos denuncian que gran parte de los proyectos se realizaron en el despacho Huerta Briz y Huerta Chamorro, «con la intervención y colaboración indistinta de ambos y de la acusada Pilar Fernández».

«El difunto Sr. Huerta Briz, como arquitecto municipal de Sant Josep, emitió numerosos informes en los correspondientes expedientes de concesión de licencias para dichos proyectos», añaden.

Edificación en zona ANEI en Cala Molí

Así, a título de ejemplo, señalan que en un proyecto de Cala Carbó se autorizó por el Ayuntamiento de Sant Josep la construcción de una densidad superior a la permitida y se edificó además mayor volumen del autorizado.

«Denunciado este extremo, se levantó la suspensión y se archivó la denuncia en base a un informe emitido por el fallecido José Antonio Huertas Briz, a la sazón arquitecto municipal de San Josep de Sa Talaia», critican.

Sobre el delito contra la ordenación del territorio o contra el medio ambiente, el escrito explica que Pilar Fernández Pérez, con pleno conocimiento de la declaración de zona ANEI (Área Natural de Especial Interés) y por tanto zona protegida, proyectó la construcción de numerosas edificaciones en el paraje conocido como “Es Puig de Mar”, en Cala Molí, «que supusieron la total eliminación de la cobertura vegetal existente y la realización de desmontes de más de 15 metros de altura donde antes existía bosque maduro mediterráneo en estado natural».

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Comentarios 7

  1. Bitcony says:
    8 años atrás

    Visto lo visto, DELINQUIR SALE A CUENTA Y ES UNA INVERSIÓN MUY RENTABLE, si es a lo grande mejor

    Responder
  2. Pepet says:
    8 años atrás

    Y los arquitectos no se dieron cuenta cuando todo esto estaba sucediendo??!!!!!

    Responder
    • Cerca-lejos says:
      8 años atrás

      Claro…. Pero entonces tenían miedo por si el arquitecto municipal les construía sus proyectos…

      Responder
      • Bosón de Higgs says:
        8 años atrás

        Majo, los arquitectos fueron los que pagando de su bolsillo contrataron al equipo de detectives que le prepararon la trampa a Huerta. Tu hiciste algo?

        Responder
        • luisluis says:
          8 años atrás

          Si Señor. Fueron ellos, que el ayuntamiento no dijo ni miau

          Responder
  3. Pep says:
    8 años atrás

    Se dieron cuenta y lo denunciaron como toca, no de boquilla como tanta gente. Y un poquito de celeridad judicial no hubiera estado mal

    Responder
  4. Sin castigo says:
    8 años atrás

    Más de 12 millones… y ahora qué?. Pueden pedirse responsabilidades a los que disfrutan de las ganancias obtenidas por este sinvergüenza (familiares y sus bienes directas)?.
    Si no es así, siempre saldrá rentable delinquir.

    Responder

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