Los baleares en riesgo de pobreza reciben la renta de inserción más baja del país

EFE / Sólo ocho de cada cien personas de las más de ocho millones que en España viven bajo el umbral de pobreza perciben una renta mínima de inserción (RMI), una cuantía que en el caso de Baleares, con 183 euros, es la más baja de todas las comunidades autónomas. Del total de habitantes de Baleares, 1.128.908, el 12,8 % está en riesgo de pobreza, lo que se traduce en 144.500 personas. Sin embargo, de estos, solo 24.824 personas perciben la renta mínima de inserción, un 17,2 %.

De hecho a nivel nacional, existen diferencias abismales entre comunidades autónomas respecto a la RMI. Así, mientras en el País Vasco la reciben casi tres de cada cuatro personas que viven en esta situación, en nueve comunidades ni siquiera la cobra uno de cada diez pobres.

Lo ha denunciado este miércoles la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que ha insistido en la urgencia de que España desarrolle una Ley estatal de garantía de rentas, para superar las extremas diferencias que existen en cobertura y cuantía en las diferentes comunidades, responsables de conceder las rentas mínimas de inserción.

La cuantía media por perceptor de una renta mínima de inserción en España es el 13,7 % de la renta media por hogar, que en 2018 era de 32.929 euros anuales por hogar. Esto quiere decir que una persona que vive bajo el umbral de la pobreza y la cobra solo percibe 4.510 euros al año, unos 376 al mes.

En España hay 46,72 millones de habitantes de los que el 19,1 % (8,9 millones) está en riesgo pobreza y, de ellos, solo el 7,6 % (679.180 personas) perciben una renta mínima de inserción.

Los responsables de los servicios sociales han elaborado su estudio con los datos del Informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2018 del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Y advierten de que el porcentaje de personas que perciben este tipo de rentas lleva tres años en descenso, desde el 2015, cuando lo cobraron el 8,7 % de las personas en riesgo de pobreza. Un porcentaje que «encubre diferencias extremas» entre territorios, de modo que en dos de ellos, País Vasco y Navarra, lo perciben tres de cada cuatro y dos de cada tres de su población por debajo del umbral de la pobreza, respectivamente.

En Asturias, ya solo la cobran una de cada tres personas bajo el umbral de la pobreza y, del resto, sólo cinco comunidades garantizan porcentajes superiores al 10 % (Baleares, Aragón, Cantabria, Comunidad de Madrid y Cataluña).

Las rentas mínimas de inserción de las nueve comunidades restantes ni siquiera alcanzan esta cobertura, y en el caso de Andalucía y Castilla-La Mancha, sus porcentajes están por debajo del 2 % de la población a la que tendría que llegar.

En su informe, los directores y gerentes de servicios sociales insisten en denunciar que la cuantía de las rentas mínimas de inserción es «extremadamente baja» y recuerdan que en los últimos ocho años apenas ha variado.

Si el desglose por comunidades se hace en función de la cuantía de esta prestación, Cataluña se sitúa a la cabeza con unos 700 euros al mes, seguida de Extremadura con unos 674 euros. A continuación están Navarra (536 euros), el País Vasco (505), Cantabria (481 euros) y Castilla y León (412).

Los gerentes de los servicios sociales alertan sobre el caso de Baleares, donde la renta mínima de inserción es de 183 euros mensuales, Comunidad Valenciana (203 euros) y Murcia (235). «Cuantías ínfimas que, de ninguna manera, permiten a sus perceptores garantizar la supervivencia», añaden en el informe. «Garantizar un mínimo vital para las personas que carecen de recursos propios debería ser una cuestión de Estado en todo el sentido de la expresión y una prioridad de cualquier Gobierno que se preocupe por la dignidad de las personas», aseveran los gerentes de Servicios Sociales. Consideran, además, que «las extremas desigualdades que en esta materia se evidencian en función del lugar de residencia, obliga a insistir en la necesidad de que articular una garantía de ingresos para todos los ciudadanos» y alentan a los partidos políticos a poner en marcha los trabajos necesarios para alcanzar un consenso sobre esta materia.