EFE / La Asociación de Constructores de Baleares ha denunciado este lunes que en las islas hay más de 2.500 millones de euros pendientes de ejecutar esperando obtener una licencia y ha advertido que debido ello peligran 25.000 puestos de trabajo.

La denuncia de esta asociación ha seguido a la reunión que su presidenta, Fanny Alba Ramón, ha mantenido con la jefa del Govern, Francina Armengol, para abordar la «grave» situación «grave» que atraviesa el sector de la construcción.

Según esta asociación el retraso en la tramitación de licencias se sitúa en una media de 18 meses a pesar de que la ley estipula que las administraciones no pueden exceder un plazo de tres meses para pronunciarse.

Fanny Alba ha asegurado que «el sector de la construcción está en condiciones de ser el motor que tire de la economía y ayudar a remontar la difícil situación que padecen los ciudadanos de Baleares”.

Y todo ello «sin consumir suelo rústico, solamente con el normal desarrollo de la actividad y anteponiendo criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y el empleo de las más modernas técnicas y nuevos materiales», afirman.

También la presidenta de los constructores de Baleares ha informado a la presidenta del Govern que el sector de la construcción balear ya está sumido en una situación técnica de recesión económica.

Ha advertido de que sin una coordinación público-privada, un plan de choque, el actual descenso de la actividad del 10 %, que afecta a la obra pública y la privada «acabará impactando negativamente sobre el empleo hasta unos límites que a fecha de hoy no podemos siquiera cuantificar”.

Ademas, Fanny Alba ha considerado “totalmente insuficiente” que la medida adoptada por el Govern que podría favorecer la actividad del sector de la construcción sea la de abrir la posibilidad de que los establecimientos hoteleros puedan aumentar sus instalaciones en un 15% en Mallorca y, previsiblemente, solo un 10 % en Menorca y Pitiüsas.

De acuerdo a la presidenta de los constructores, en el contexto actual y con la legislación vigente el importe medio de inversión en la construcción de vivienda se sitúa en unos 300.000 euros, cantidad a la que se debe que añadir el precio del suelo cuya tendencia es alcista, así como los impuestos, honorarios técnicos y demás costes.

La presidenta de los constructores de Baleares también ha criticado que la desclasificación de suelo establecida mediante el Decreto 9/2020, por considerar que elimina la opción de construir en un breve espacio de tiempo vivienda asequible.

Fanny Alba ha instado a la presidenta del Govern “a estimular la firma de convenios con el Estado para que puedan empezarse a ejecutar lo antes posible proyectos con financiación de los fondos europeos”, así como a avanzar en la formulación de “encomiendas de gestión para que los proyectos se realicen desde la CCAA”.

“No queremos ERTE en el sector de la construcción, lo que queremos es trabajar”, ha defendido ante Armengol.

Desde del Govern, su conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons, ha reconocido que esta demora en la tramitación de licencias es «una asignatura pendiente» y ha asegurado que existe la voluntad de agilizar ese proceso.

«Hay ayuntamientos que funcionan de maneras diferentes, por eso es necesario marcar pautas conjuntas», ha apuntado Pons.

Al encuentro también han asistido los vicepresidentes primero y segundo de la Asociación de Constructores de Baleares, Óscar Carreras y Climent Olives, respectivamente.