El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ha aprobado hoy de forma inicial y por unanimidad la Ordenanza Municipal reguladora de los Informes de Evaluación de Edificios (IAE), una normativa que da cumplimiento a la Ley de Urbanismo de las Illes Balears (LUIB), vigente desde 2017.
La nueva ordenanza establece la obligación de realizar una evaluación periódica del estado de conservación, la accesibilidad y la eficiencia energética de los edificios, tal y como marca la normativa autonómica y estatal en materia de rehabilitación urbana. Esta obligación afecta a los inmuebles con 30 y 50 años de antigüedad, con una periodicidad decenal.
Con el objetivo de facilitar la adaptación de comunidades de propietarios y titulares de inmuebles, la ordenanza incorpora un calendario transitorio escalonado. Así, se establece un plazo máximo de 12 meses para los edificios con 50 años o más, de 36 meses para aquellos con una antigüedad de entre 30 y 50 años, y la renovación obligatoria del informe cada diez años.
Además, la normativa regula de manera operativa los plazos, el procedimiento de presentación, los modelos de informe, el régimen sancionador y la remisión de los informes al Registro autonómico, dotando al municipio de un marco claro y homogéneo para el cumplimiento de esta obligación legal.
Otros acuerdos del Pleno
Durante la sesión plenaria también se aprobó de forma definitiva el Presupuesto municipal de 2026, que establece las principales líneas de actuación e inversión para el ejercicio en curso.
Asimismo, el Pleno dio luz verde a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), incorporando las fichas correspondientes a un/a letrado/a y un/a técnico/a de servicios económicos, así como ajustando la dotación de operarios de servicios múltiples, con el objetivo de reforzar los servicios jurídicos y económicos del consistorio.
Por otro lado, se acordó instar al Govern balear a impulsar medidas inmediatas de protección social, simplificación burocrática y alivio fiscal, así como acciones destinadas a mejorar la seguridad económica y administrativa de distintos colectivos.
Finalmente, el Pleno aprobó solicitar al Govern la suspensión de la obligatoriedad de las balizas de emergencia V16 hasta que se acredite su eficacia, mantener los triángulos de emergencia como sistema válido de señalización, impulsar ayudas para la renovación del parque automovilístico con criterios de neutralidad tecnológica y evitar normativas de carácter recaudatorio que generen costes innecesarios a la ciudadanía.
