EFE / Los profesionales sanitarios ven en peligro sus derechos laborales y en riesgo descansos, permisos, licencias y vacaciones, inclusive las de Navidad, tras comenzar a desarrollar las comunidades autónomas el real decreto ley que les autoriza a intervenir en jornadas y horarios ante la escasez de plantillas.
Así lo ha expresado la Organización Médica Colegial (OMC), la Federación de Sanidad de CCOO y la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F), que han advertido de que tras publicar Aragón una orden para intervenir, de manera excepcional, en horarios, jornadas, turnos y permisos ante la situación de emergencia por la evolución del Covid-19, temen que las suspensiones transitorias de periodos de descanso se repitan en cascada en otras comunidades autónomas.
En Castilla y León, la mayoría de sindicatos (Satse, CSIF, CESM, UGT, CCOO y USAE) han acusado a la Consejería de Sanidad de «maltrato» hacia los trabajadores sanitarios, a quienes «elogian» por las mañanas y «exprimen» por las tardes.
Esta semana, los sindicatos han suscrito un comunicado conjunto tras la reunión de la Mesa Sectorial, en el que han amenazado con más movilizaciones si se eliminaban de facto sus derechos laborales. Tras la advertencia, Sanidad de la Junta de Castilla y León se ha avenido a negociar.
En Andalucía, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha informado de que el Boletín de la Junta de Andalucía prevé publicar una resolución por la que «las tomas de posesión de las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) y los traslados en marcha quedan suspendidos el tiempo mínimo imprescindible, hasta que mejore la situación del sistema sanitario público andaluz».
Y en Castilla-la Mancha, los sindicatos temen que la Comunidad, que ya dictó una instrucción restringiendo permisos y licencias durante el anterior estado de alarma, vuelva a hacerlo.
Mientras, en Galicia han buscado medidas para hacer frente a la situación de emergencia y el Servicio gallego de salud (Sergas) ha presentado un plan de contratación de 150 profesionales de la enfermería a partir del 1 de diciembre.
Esta cifra queda muy lejos de la petición hecha en el Parlamento gallego por el colectivo de «Enfermeras eventuales en Loita», que este viernes ha reclamado 8.000 plazas y ha denunciado las condiciones laborales que, en su opinión, «rayan en la explotación».
El vocal nacional de Atención Primaria de la Organización Médica Colegial (OMC), Vicente Matas, ha admitido que muchos profesionales les han trasladado la preocupación por la suspensión de permisos y vacaciones, pero ha subrayado que lo que más inquieta a los sanitarios es que los centros de salud y los hospitales acaben desbordados.
Matas ha explicado que, en plena pandemia y en extrema necesidad de los servicios sanitarios, no se encuentran especialistas porque «muchos compañeros han sido infectados o están en cuarentena, y la asistencia hay que darla».
No obstante, ha asegurado que la profesión está respondiendo «magníficamente» y hay una bolsa de más de 2.000 médicos jubilados que se han ofrecido hacer tareas de rastreo.
Matas ha reconocido que en muchos servicios no podrán disfrutar vacaciones y días libres, y lo tendrán que aplazar irremediablemente «a otro momento, cuando sea posible».
El secretario general de la Federación estatal de sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO, Antonio Cabrera, ha explicado que «todo arranca» del real decreto de medidas urgentes en el materia de teletrabajo en la Administración Pública y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud, que modificaba las condiciones de trabajo, movilidad funcional y geográfica para el personal sanitario.
Cabrera ha advertido de que este decreto «las comunidades lo están desarrollando a más», y no solo aplican la movilidad geográfica y funcional sino que anulan permisos, licencias, vacaciones y horas sindicales.
Y ha alertado de que, al final, el efecto va a ser el contrario de lo que se persigue «porque habrá más bajas por estrés y secuelas psicológicas que en la primera ola».
Para la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F), la culpa de esta situación es la falta de previsión de las autoridades sanitarias y la ausencia de planificación.
Desde hace semanas, sindicatos y sanitarios se han movilizado para trasladar su preocupación por el incremento de la presión asistencial, la falta de profesionales y el augurio de un nuevo colapso. La CSI-F también ha acudido al Defensor del Pueblo para denunciar la situación, aunque de momento no ha obtenido respuesta.
Si finalmente los médicos y personal sanitario tiene que posponer licencias y permisos, repetirán la situación del primer estado de alarma, cuando se anularon las vacaciones de verano en muchos servicios por falta de personal y sustitutos.
