El Consell de Formentera informa que los quioscos de playa deberán permanecer desmontados hasta el 15 de febrero, en cumplimiento de las condiciones establecidas por el Govern de las Illes Balears (GOIB). La obligatoriedad de retirar estas estructuras afecta a los ocho quioscos autorizados y responde a la normativa que rige las concesiones temporales en las playas de la isla.
En diciembre pasado, siete de los ocho lotes de quioscos solicitaron al anterior conseller de Litoral la posibilidad de no desmontar sus instalaciones debido al perjuicio económico que esto les causaría. Sin embargo, «esta petición no fue trasladada al Gobierno de las Islas Baleares en su momento», explican desde la máxima institución insular. Hay que destacar que la competencia para autorizar este tipo de medidas recae sobre la institución insular, que es la encargada de hacer llegar esta solicitud al Gobierno de las Islas Baleares (GOIB).
Tanto el equipo de gobierno como los concesionarios de los quioscos consideran que desmontar las instalaciones sería «perjudicial para la isla» y que contravendría el objetivo principal del concurso, que es «paliar la desestacionalización». A su juicio, el desmontaje de los quioscos implicaría que Formentera se quedara, al menos, tres meses sin este tipo de oferta, ya que sería necesario «retirar las instalaciones, permanecer un mes sin actividad y luego volver a montarlas». Además, señalan el impacto medioambiental que generaría esta medida.
En respuesta a esta situación, el nuevo equipo de gobierno de Sa Unió solicitó, el pasado 14 de enero, a la Conselleria balear de Mar y Ciclo del Agua la posibilidad de aplicar medidas cautelares sobre el actual contrato de concesión, con el fin de evitar el desmontaje de los quioscos. Asimismo, se planteó la opción de modificar la concesión administrativa para evitar que este problema se repitiera en los próximos años.
Cabe recordar que, desde 2013, los quioscos de playa estaban obligados a desmontarse debido a que sus autorizaciones eran temporales y se prorrogaban para permitirles operar durante el invierno. Por este motivo, el Consell de Formentera solicitó que, en el actual concurso, el título habilitante fuera una concesión administrativa, lo que habría evitado la necesidad de desmontar las instalaciones.
El 20 de enero, el Consell recibió la respuesta del Gobierno, que rechazó la solicitud de medidas cautelares para este año. Desde la Conselleria de Mar y Ciclo del Agua, explican que la solicitud para modificar la concesión administrativa llegó «fuera de plazo» y que, debido a la complejidad del procedimiento, cualquier cambio que se proponga «no podrá aplicarse en este ejercicio». No obstante, el GOIB ha informado que el Consell puede solicitar una modificación de la concesión administrativa de cara a los próximos años.
La administración insular ha notificado a los ocho concesionarios de los quioscos la respuesta del Gobierno, lo que significa que deberán permanecer desmontados hasta el 15 de febrero. Además, las autoridades competentes advierten que el incumplimiento de esta medida podría dar lugar a la apertura de expedientes sancionadores.
La consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, lamentó la situación generada por «la falta de acción política del anterior conseller de Litoral» y aseguró que «el equipo de gobierno de Sa Unió siempre ha tenido la voluntad política y la responsabilidad de actuar en favor del interés general de Formentera y de sus ciudadanos».
