NouDiari / Una treintena de funcionarios se concentraron este pasado lunes en Ibiza y otro centenar en Palma para para exigir al Govern que no congele los sueldos del personal sanitario del Ib-Salut, de los trabajadores de Ecuación y de otros servicios sociales, ya que Baleares es la única comunidad autónoma que ha denegado una subida salarial para 2020 y 2021.
Los sindicatos critican que el Govern no aplique las subidas salariales acordadas en el resto del país de un 2% en 2020 y del 9 % en 2021.
Con el lema «No a los recortes salariales, sí al diálogo», los sindicatos de la Mesa Sectorial de Empleados Públicos se han concentrado en el Passeig de s’Alamera en Vila y frente a la sede del Govern balear en Palma.
Desde los sindicatos manifiestan su «más profunda preocupación por cómo está actuando nuestra Administración en los últimos espacios de negociación, con posicionamientos autoritarios, unilaterales, anulando de manera sistemática la capacidad negociadora de los órganos de representación legalmente establecidos y, en consecuencia, atentando frontalmente contra la defensa de los derechos del personal empleado público».
En un comunicado, los representantes laborales afirman que quiren evitar «el agravio comparativo con el personal empleado público del resto de las administraciones públicas y, a la vez , que este incremento no suponga, en las cuentas públicas actuales, un lastre para la administración autonómica».
Destacan que Baleares sufre más las consecuencias de la crisis actual y no se establecen los mecanismos compensatorios necesarios por parte del Estado, como el reconocimiento de la insularidad o las aportaciones de las Islas a las arcas públicas estatales. Por eso, «estamos en nuestro derecho de reivindicar que las cuentas públicas de la Administración autonómica no se hagan cuadrar sobre la aplicación de un incremento retributivo básico y común para todas las administraciones públicas, porque el resultado puede ser que en el año 2021 los empleados públicos al servicio de la administración autonómica hayan sufrido un recorte global de un 2,9%».
«Ante esta vulneración flagrante de la negociación colectiva y ante la mala praxis de la Administración en la hora de aplicar estos incrementos retributivos estatales, que son de cumplimiento obligado, todos los sindicatos de la Mesa de Empleados públicos haremos acciones unitarias para defender los derechos del personal empleado público al servicio de la Administración autonómica», finalizan.
