Lurdes Costa defiende en los juzgados la condonación de deuda a Park Control

@Noudiari / El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Eivissa en 2010, del PSOE-Pacte, con la exalcaldesa Lurdes Costa a la cabeza, ha declarado hoy en los juzgados de Eivissa por un “presunto delito de prevaricación y/o malversación de caudales públicos” en la condonación de la deuda a la empresa que en aquella época controlaba de la zona azul de Vila, Park Control SL, cuyo contrato fue rescindido por el incumplimiento de los pagos acordados.

A la salida de los juzgados, Costa, acompañada de los entonces concejales Vicent Torres y Santiago Pizarro, ha comentado que no han contestado a las preguntas de la acusación. «No lo hemos hecho porque el denunciante», Josep Maria Molins, «no es una persona que merezca nuestra consideración, ya que ha hecho una denuncia infundada a la que se ha sumado el PP por interés político».

La exprimera edil del consistorio y sus compañeros de equipo de goierno han señalado que sí han contestado a las preguntas de la juez, «que no han sido muchas», y de su abogada. «Hemos aclarado una vez más que todo se hizo conforme a la ley y en base a los informes técnicos. Lejos de querer favorecer a la empresa, lo que hicimos en aquella famosa junta de gobierno por la que hemos estado declarando hoy fue rescindir el contrato de la empresa y secuestrar la concesión. Por tanto, desde aquel momento ninguno de los ingresos que hubo fue a las cuentas corrientes de Park Control sino al Ayuntamiento de Vila».

Costa ha incidido en que hicieron lo que creyeron «ajustado a derecho y de acuerdo a la ley». «Permitimos a la empresa que hiciera la liquidación porque así le correspondía por derecho. Todo lo que se hizo estuvo ajustado a la legalidad y por tanto hemos venido muy tranquilos a declarar y así lo hemos expuesto», ha manifestado Lurdes Costa a la salida de los juzgados.

«Es injusta la acusación y lo es también que llevemos cuatro años hablando de este tema. La juez nos ha preguntado que cuándo nos enteramos de que había habido una compensación económica a la empresa. Y le hemos explicado que fue a raíz de los informes técnicos. Todo empezó cuando le reclamamos a la empresa los pagos pendientes y no los hizo efectivos, con lo que iniciamos los trámites para la rescisión del contrato. Hubo un informe externo de un jurista cuyas conclusiones fueron avaladas por nuestro secretario y entonces miramos qué nos debía la empresa y qué le debíamos nosotros, así como qué derechos les podíamos reconocer. Uno de ellos era atender a la indemnización que pedía la empresa y así lo hicimos», ha proseguido la exalcaldesa.

«Animadversión»
Lourdes Costa ha señalado, asimismo, que esta denuncia parte de la «animadversión» del denunciante, Josep Maria Molins, «hacia el Ayuntamiento. «De todo el mundo es conocido que el señor Molins tiene bastantes causas contra el Consistorio. Confunde interés general con interés particular y ha ido poniendo denuncias al Ayuntamiento que ha ido perdiendo una tras otra. Luego el PP ha aprovechado la corriente y se ha sumado a la causa, pero saben perfectamente que estábamos haciendo las cosas bien y lo han utilizado para perjudicarnos personalmente, lo que deja claro su nivel», ha concluido la exalcaldesa.

Según la sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma, existen “indicios” de que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Eivissa pudo cometer “presuntos delitos de prevaricación y/o malversación de caudales públicos”. La Audiencia estimó en su momento que el juez instructor debía tomar declaración a todos los implicados y “practicar la totalidad de diligencias” para que valorar si el material obtenido en la investigación es suficiente para formular el juicio de acusación.

Un caso que saltó en 2010
Recordemos que el ‘caso Park Control’ saltó a la luz pública cuando en febrero de 2010 se detectó que, entre los años 2007 y 2009, el Ayuntamiento de Eivissa no había ingresado ni un euro a cargo de los cánones de la zona azul. Posteriormente, se supo que eso se debía a que el Consistorio había condonado 412.120,51 euros a Park Control porque asumía la cuantía del Impuesto de Bienes Patrimoniales, una tasa que en el pliego de condiciones de la contrata no quedaba claro si debía asumir la empresa o no.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma realizó estas afirmaciones en un escrito en el que rechazó la impugnación de Santiago Pizarro, que solicitaba la nulidad del auto en el que estimaba el recurso de apelación presentado por Josep Maria Molins. La Audiencia desestimó la petición de nulidad y confirmó el recurso presentado por Molins añadiendo nuevos argumentos.

Así, la Audiencia constató que, a través de los testimonios aportados, “pudimos vislumbrar que efectivamente se produjo la condonación de la deuda por un tributo oficial y a cuyo pago estaba obligada legalmente la empresa adjudicataria” y que “en la adopción de dicha decisión, el Ayuntamiento podría no haber observado el procedimiento legalmente establecido”. En el texto se afirmaba también que existían indicios que “no hacen descartar que pudiera existir una afinidad política entre el gerente de la empresa beneficiaria de la concesión y el Ayuntamiento de Eivissa”, unos indicios que aparecen como “suficientes para seguir indagando”.