El Consell executiu ha aprobado una sanción de 10.057,60 euros a una empresa por instalar pérgolas en una superficie de 300 metros cuadrados, lo que se considera una infracción urbanística grave, en un establecimiento situado es Cavallet, dentro del municipio de Sant Josep.
“Esta sanción es una prueba más del trabajo que está llevando a cabo el Departamento de Gestión del Territorio, Infraestructuras Viarias, Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo y que demuestra que la impunidad se ha acabado”, ha manifestado al respecto el vicepresidente primero y conseller Mariano Juan, quien ha recordado que la institución insular está tramitando otros expedientes sancionadores urbanísticos por un valor total de 4 millones de euros.
Este expediente sancionador en concreto establece esta multa de 10.057,60 euros por una infracción muy grave por instalar los mencionados cenadores sin el correspondiente título habilitante.
Además, el Departamento de Gestión del Territorio, Infraestructuras viarias, Ordenación Turística y Lucha contra el intrusismo también ha acordado ordenar a la promotora de las obras sancionada el restablecimiento de los terrenos a su estado anterior. La empresa dispone de un plazo de tres meses para llevar a cabo la demolición de los cenadores. El incumplimiento de la orden de restablecimiento de la realidad física alterada podría suponer la imposición de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y con una cuantía, en cada ocasión de 600 euros.
El Consell Insular de Ibiza recuerda que puede llevar a cabo la ejecución subsidiaria de la orden de restablecimiento en caso de que la empresa no se encargue voluntariamente de hacerlo durante el plazo establecido.
Derribo de una casa en 2021
Un ejemplo destacado de este tipo de actuaciones tuvo lugar el septiembre de 2021, cuando el Departamento de Gestión del Territorio constató el derribo de una casa ilegal que se estaba construyendo a una finca protegida, afectada por ANEI, APT de Costa y Red Natura 2000 cerca de Cala d’Hort en Sant Josep.
“Los hechos fueron denunciados en marzo de 2021, y, en cuestión de días, se dictaminó la suspensión cautelar de las obras, dado que carecían de cartel indicativo de la obra y, por las declaraciones de la propiedad, tampoco tenían la preceptiva licencia de obras”, destaca el Consell. La propiedad acató la sanción y derribó lo construido.
