@Noudiari/ El juicio celebrado esta mañana en Eivissa por la Audiencia Provincial referente a las molestias y ruidos ocasionados por el establecimiento Coast Line, en Sant Antoni, ha concluido con un acuerdo de conformidad de un año de prisión, que será sustituido por una multa a razón de siete euros al día durante un año por cada uno de los acusados, según ha informado la letrada defensora. Esto supone el pago de una multa de algo más de 5.100 euros entre los dos acusados.
La Fiscalía pedía hasta cinco años y medio de prisión y una multa de 178.200 euros para F.S.M. y F.C.P., administradores solidarios de la entidad Baroque Affairs S.L., entre cuyas actividades se encontraba la explotación del establecimiento Coast Line, ubicado en los bajos del Edifico Catamarán, en Sant Antoni, por “exceder durante cinco años el nivel de sonido permitido, tanto durante el día como a altas horas de la madrugada, a través de varios equipos y altavoces, espectáculos pirotécnicos, pitos y timbales”, según el escrito del fiscal.
La acusación pedía asimismo que los procesados indemnicen con 20.000 euros a cada uno de los vecinos afectados y que, entre 2002 y 2006, “sufrieron como consecuencia ansiedad, estrés, nerviosismo, insomnio y angustia”. Según los abogados defensores, los dos denunciados por un delito contra el medio ambiente, en su modalidad de contaminación acústica con grave riesgo para la salud y con las gravaciones de clandestinidad y desobediencia a las autoridades, ya han abonado la indemnizaciones a los afectados, que superan los 118.ooo euros.
Los propietarios fueron denunciados en diversas ocasiones y contra su establecimiento han sido incoados hasta 17 expedientes de infracción, quince de los cuales se saldaron con la imposición de sanciones de 150 euros a las que ninguno de los acusados hizo frente.
El Coast Line, que lleva unos cuatro meses cerrado, obtuvo licencia de apertura y funcionamiento en julio de 2002 como restaurante y café concierto, con la condición de que la actividad se desarrollara dentro del local, con puertas y ventanas cerradas, que además debían cumplir las condiciones de aislamiento de manera independiente.
Pese a ello, según la Fiscalía, “los propietarios infringieron de forma sucesiva estas prohibiciones mediante actividades cuyo volumen excedía los máximos permitidos por las normativas reguladoras”. Según señaló, las infracciones se sucedieron “pese a ser absolutamente conocedores de los padecimientos que estaban sufriendo los vecinos de la zona, que lamentaron deterioros en su tranquilidad, estado de ánimo, reposo y sueño”.
Y después nos piden que confiemos en la justicia. ¡JA!
vaya birria!! a este precio cualquiera se salta las normas a la torera!!
que poca verguenza de justicia ….
Los fiscales para que estan? La conformidad es un coladero. Con tal de no trabajar conformidad y a correr. Que uso mas perverso de esta figura.
Pues nada, a continuar con el ruido, que seguro que en un par de noches ya se sacan los 5000 eurillos.
Decepcionante justicia.
¡Pero si son los mismos que siguen destrozando al vecindario desde el bar Kanya! O sea que estos condenados no se arrepienten de nada. Pese a las quejas al Ayuntamiento, este no hace nada ahora con el Kanya, en caló des Moro, muy cerquita de donde estaba el Coastline. El sonómetro no existe. La Policía Local es incapaz de hacer que bajen los decibelios más allá de cinco minutos. La justica es un cachondeo y no existe en Sant Antoni
Pero cómo los vecinos han tolerado ese paripé .
Policía local de Sant Antoni corrupta. Qué esperáis?
Bodegas vendiendo droga y cubatas en vasos.
Sudacas montando negocios tapadera a la vista de todos.
Moros trapicheando y haciendo de taxi pirata.
Suciedad, vómitos, orines en portales……
Balcóning,venta ambulante y nadie hace nada.
Obras en el paseo marítimo en pleno mes de junio……
Horarios de cierre incumplidos y sin control de ruidos.
En fin esto es la herencia de la sra Pepita Gutiérrez y su equipazo de
gobierno,el “dream team de Sant Antoni”.