La consellera de Presidencia y Función Pública de Baleares, Mercedes Garrido, ha defendido este jueves en Ibiza las multas de 60.000 euros impuestas por el Govern a los jóvenes que participaron en un botellón de 200 personas en una playa de Formentera durante la pandemia. Hay que recordar que se dieron varios casos en la isla y en varios puntos, hasta el extremo de que el Consell vigiló la entrada a zonas como la de Cavall d’en Borràs para evitarlos.

Garrido ha explicado en declaraciones a los medios que las sanciones se impusieron en un momento de “máxima alerta roja sanitaria” con los hospitales y las UCI “llenos con enfermos de covid», y con operaciones programadas interrumpidas que afectaban “al resto de la ciudadanía”.

También ha recordado que las multas se pusieron a los participantes de  “un botellón multitudinario con 200 personas” en un momento en el que «había restricciones de grupos, de salir a la calle, y en el que estábamos en máxima alerta sanitaria”, ha reiterado.

La responsable autonómica se ha referido así a las multas que han empezado a recibir jóvenes participantes en la fiesta, como es el caso de tres chicas sevillanas, una situación que ha sido denunciada por el padre de una de ellas en el Diario de Sevilla, quien califica de “atrocidad” la sanción impuesta por el Govern.

“Yo entiendo que si lo vemos con los ojos del día de hoy, 20 de octubre de 2022, con la población con tres dosis de vacunación, puede parecer que la multa de 60.000 euros es muy elevada, pero tenemos que verlo con los ojos del verano pasado, cuando estábamos en una oleada, cuando teníamos los hospitales llenos y la población aún no estaba vacunada”, ha añadido Garrido.

Según ha explicado, de acuerdo a la ley, de la que se hizo “bastante difusión para que llegara todos”, los participantes en el botellón incurrieron en una infracción “muy grave” cuya multa va de 60.000 a 600.000 euros. “Por lo tanto, se les impone el tipo menor de la sanción que se puede imponer. Menos no se puede, teniendo en cuenta que era una infracción muy grave”, ha afirmado Garrido.

Además, la consellera socialista ha señalado que las personas sancionadas tienen un procedimiento “administrativo garantista” por el que pueden interponer alegaciones y recursos, y ha recordado que si pagan la multa de manera voluntaria tendrán una reducción de 50 %.

“Pero las normas están para cumplirlas, para cumplirlas todos”, ha sentenciado la consellera, que ha destacado que «en aquel momento un botellón de 200 personas nos escandalizaba”.

Ha añadido que Formentera “por desgracia no fue un caso aislado” y que botellones y fiestas ilegales “se dieron en todas las islas”.

EFE / Redacción