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Policía Local y Guardia Civil para desalojar una vivienda ocupada en Sant Antoni

Por Redacción
2 mayo 2022
en Local
3
Policía Local y Guardia Civil para desalojar una vivienda ocupada en Sant Antoni

Imagen de los agentes locales y de la Guardia Civil ante la vivienda desalojada. Ayuntamiento de Sant Antoni.

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El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany ha procedido este lunes por la mañana al desalojo de la vivienda Can Miquel d’en Pareta, ubicada en Sant Mateu, que estaba habitada hoy por dos personas.

La Policía Local de Sant Antoni ha realizado un operativo especial formado por once agentes y con el apoyo de una patrulla de la Guardia Civil para proceder al desalojo, que “se ha desarrollado sin incidencias y sin resistencia por parte de los habitantes”, explican desde el equipo de gobierno municipal.

En esta vivienda, “ocupada de forma ilegítima desde el 20 de marzo de 2021, se habían registrado varias denuncias por realizar fiestas ilegales y peleas de gallos, además de causar molestias vecinales constantes”, añade el Consistorio.

Imagen del dispositivo. Ayuntamiento de Sant Antoni.

Tras el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación el 24 de febrero de 2022, se inició expediente de ejecución forzosa mediante decreto el 3 de marzo de 2022, en el que se les concedió a los ocupantes de la vivienda, aceptada en herencia por parte del Ayuntamiento, un plazo de 24 horas a contar desde la entrega de la notificación para que la desalojaran. «También se les apercibió de que si no se realizaba el desalojo de manera voluntaria en el plazo concedido, el Ayuntamiento procedería a la ejecución subsidiaria del acuerdo de recuperación de oficio, previa autorización judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa», detalla el Consistorio en una nota de prensa de este lunes.

Así, la Policía Local portmanyí emitió un informe el 5 de marzo de 2022 en el que se acreditaba que los ocupantes no habían abandonado la vivienda, incumpliendo el acuerdo adoptado por el pleno, así como el decreto de inicio del procedimiento de ejecución forzosa y apercibimiento. El 7 de marzo se solicitó autorización judicial para la entrada en el inmueble a fin de tomar posesión del mismo, que fue concedida el 7 de abril. «Una vez concedida la autorización, y una vez notificada, se les informó que se procederia al desalojo forzoso en el plazo de diez días», prosigue la nota.

Imagen del dispositivo. Ayuntamiento de Sant Antoni.

Los ocupantes de la vivienda presentaron un contrato de alquiler, «que se demostró que era falso», para intentar «justificar» la ocupación y defender que eran víctimas de una estafa, detalla la nota de prensa. Una de las fiestas organizadas este verano en esta vivienda es una de las que se ha demostrado, con informe del detective privado del Consell d’Eivissa, que había indicios claros del ejercicio de una actividad organizada con pago de entradas, incumpliendo la Ley de Actividades, en base a la cual se ha propuesto una sanción de 30.000 euros.

Tras el desalojo, se ha instalado de forma inmediata una alarma, se han cambiado cerraduras y se han tapiado las ventanas que no tenían rejas. Además, ha acudido Can Dog para la recogida de un perro que estaba en la vivienda, varios gatos con sus camadas y gallinas.

Tags: desalojoPolicía Local de Sant AntoniSant Antonivivienda
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Comentarios 3

  1. POLÍTICOS INUTILES says:
    3 años atrás

    Y le van a exigir la multa de 30.000 euros al propietario como responsable de la fiesta ilegal en una vivienda?

    Responder
  2. Xol says:
    3 años atrás

    Veamos, okupada el 20 de marzo de 2021, pasa casi un año y el ajuntament celebra un pleno el 24 de febrero de 2022 para echar a los okupas, notificados el 3 de marzo más informe de la policía local el 5 de marzo, más autorización judicial el 7 de marzo, más confirmación el 7 de abril con prórroga de 10 días, más 6 policías locales y 2 Guardias civiles, más hacerse cargo del perro, las gallinas y los gatos, más colocar una alarma, rejas y cerradura.
    Un año, tres semanas y ocho agentes para echar a dos colgaos. Sólo faltó la Infantería de Marina y los Geos.
    ¿Qué tal una patadita en la puerta y desokupados por las orejas? ¡A no que eso es inconstitucional!
    Cómo dicen los mexicanos «tanto pedo para cagar aguado»
    Y pretenden cobrarles 30.000 euracos. A quién, al propietario que es el ajuntament?

    Responder
  3. Luismi says:
    3 años atrás

    Gentuza que no debería haber entrado en Eivissa. Así nos va, aquí se permite todo y se sabe…y el más tonto ocupa una casa y no pasa nada …de nada…ahora…llega un día 5 minutos tarde a tu coche aparcado en zona azul y ya tienes la multa.

    Responder

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