@B.R. / El conseller balear de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha tildado hoy el sistema del pago de las autovías de Eivissa, mediante el peaje a la sombra, de ser una “auténtica bomba de relojería” pensada “por aquellos que sabían lo que hacían y que de forma perversa consiguieron que el Govern balear pagase muchisimo más del coste real de estas obras”, ha asegurado durante la sesión plenaria que tiene lugar en el Parlament balear a estas horas.
Pons, respondiendo a una pregunta formulada por Aitor Morrás, ha asegurado que una vez que se finalice la concesión, el Govern habrá pagado 598 millones de euros por unas obras que costaron 172 millones, “lo que supone 426 millones más como consecuencia de una fórmula verdaderamente perversa”.
El conseller ha recordado que los criterios de cálculo vienen fijados por dos documentos que son, por una parte, el pliego de condiciones y, por otra, la sentencia de octubre de 2015, que fija el coste máximo a pagar. En relación a los puntos de control, Marc Pons ha indicado que, en el caso de la autovía del aeropuerto hay cinco puntos de recuento “y por el trabajo que hemos hecho nosotros, entendemos que está bien detectado”, pero el problema, ha dicho, está en la carretera que une Eivissa con Sant Antoni, donde solo existe un punto de control, ubicado en uno de los puntos kilométricos por donde pasa mayor número de vehículos- en las proximidades del Recinto Ferial- . “Desde la Conselleria encargamos un estudio que nos permite medir en ocho puntos de control cuál era el tráfico y si se ajustaba o no al aforo y detectamos que había un 19% menos de tráfico del que realmente computa, por lo que esto conlleva un replanteamiento obligatorio que tenemos que tener en cuenta y que está ligado al pliego de condiciones y que debe haber un acuerdo con la concesionaria. Si no hay este acuerdo acabaremos en litigio judicial”, ha explicado.
Asimismo, Pons ha señalado que se está ultimando de estudiar cuál deber ser la mejor forma de actuación para defender los intereses de la Comunitat Autònoma.
“Es una labor difícil actuar contra todo este desbarajuste que ha dejado como herencia la señora Mabel Cabrer pero le pedimos que actúe cuanto antes para posibilitar el reequilibrio económico de estas adjudicaciones, para que se recupere en cierta medida el dinero y sino para que se minimice, al menos, lo que ha supuesto un atraco en diferido”, ha instado el diputado ibicenco Aitor Morrás.
Pons, por su parte, se ha comprometido a trabajar con “la máxima diligencia y la máxima transparencia”. “Es una bomba de relojería los 426 millones de sobrecoste y pide la máxima transparencia. No hemos sido capaces con todas las dificultades de sacar en realidad lo que ha habido aquí atrás”, ha concluido.
¿Delito de estafa? enriquecimiento patrimonial… engaño… esquilmando dinero público… totalmente a sabiendas, con premeditación y alevosía… + ¿falsedad documental? + ¿prevaricación? + ¿delito fiscal? …
Es incréible que algo que canta y salta a la vista siga sin esclarecerse. El coste de estas obras es un timo en toda regla.