EFE / El PP balear considera que el proyecto de Ley Agraria aprobado el viernes pasado por el Govern empobrecerá el sector agrícola al restringir derechos y posibilidades a los agricultores de las islas, prima la política de la subvención a la política de las oportunidades y tendrá un efecto de abandono sobre muchos terrenos.
Para el PP, este nuevo proyecto sitúa a los profesionales de las islas «en inferioridad de derechos» respecto a otras comunidades españolas. Otro de los aspectos «preocupantes» son las medidas urbanísticas en suelo rústico que se recogen y que suponen un «intento evidente» de modificar la actual protección del suelo en la Part Forana.
Así, se contempla la creación de reservas agrarias donde no se podrán construir nuevas viviendas, al margen de si la parcela tiene o no los metros mínimos para edificar, o la creación de zonas de alto valor agrario, cuya delimitación sobre el mapa corresponde a los consells insulars.
Se trata de medidas de marcado carácter urbanístico que pretenden restringir los derechos actuales de los propietarios de fincas en suelo rústico»
Se trata, en opinión del PP, de medidas de «marcado carácter urbanístico» que pretenden restringir los derechos actuales de los propietarios de fincas en suelo rústico, lo que a medio y largo plazo provocará el «empobrecimiento» del valor patrimonial de los terrenos y el abandono de los mismos.
Además, tampoco se especifican los parámetros o criterios que la administración insular debe aplicar para determinar las zonas de alto valor agrario.
El texto también prevé otras medidas «polémicas», como la prohibición de productos transgénicos, competencia que corresponde al Estado y no a la comunidad autónoma, la limitación de las agroestancias como actividad agraria complementaria, o los contratos territoriales, una figura del pasado totalmente obsoleta y fracasada, como política de subvención.
Desde el PP se recuerda que la primera Ley Agraria aprobada por los populares la pasada legislatura fue producto del consenso mayoritario del sector. Se trataba, según el PP, de una ley que daba más facilidades a los agricultores y permitía sumar valor añadido a la actividad agraria y ganadera como medida necesaria para fomentar la economía y la conservación del suelo rústico.
