EFE / Redacción / PP y Vox han concluido que el Govern balear de Francina Armengol (PSIB-PSOE) compró en 2020 por 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, investigada por la Audiencia Nacional en el caso Koldo, un lote de 1,5 millones de mascarillas inservibles que se almacenaron y se dejaron caducar.
Los dos partidos afirman que el Ejecutivo de Armengol, en plena pandemia de la covid-19, adquirió este material con un sobrecoste que el mismo Servicio de Salud Balear (Ib-Salut) cifró en 2,7 millones de euros.
Las formaciones políticas han presentado este miércoles sus conclusiones tras la comisión de investigación del Parlament balear sobre la compra de los tapabocas a Soluciones de Gestión, investigada también por la Fiscalía de la Unión Europea (UE) porque el material se pagó en su totalidad con fondos comunitarios.
El próximo viernes se volverá a reunir la comisión para aprobar definitivamente las conclusiones finales en un foro en el que Vox y PP suman la mayoría de votos frente al PSIB-PSOE y MÉS.
Vox: «Se forzó el proceso de contratación»
En su balance, Vox, el grupo que propuso la creación del órgano parlamentario de investigación, se refiere a la existencia de esta «presunta trama» de corrupción cuyo intermediario era Koldo García, asesor del entonces ministro socialista de Transportes, José Luis Ábalos.
Para este partido, incluso «antes» de recibir las mascarillas chinas del tipo KN95, ya se sabía que no eran aptas para su uso sanitario, lo que hacía «inviable legalmente su adquisición, y aún así se procedió a la misma».
Además, el Govern balear y el Ib-Salut supieron por un informe del Centro Nacional de Medios de Protección (CNCP) que las mascarillas no cumplían con los requisitos exigidos a las FFP2, las que empleaban los profesionales sanitarios. A pesar de ello, se solicitó su financiación con fondos europeos.
La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha asegurado que «se forzó el proceso de contratación con la única finalidad de beneficiar a la empresa en detrimento de las arcas públicas».
El PP habla de una «dudosa operación formalizada en tiempo récord»
Por su parte, el PP mantiene que no se comprobó la solvencia técnica y económica del material ofrecido a través de Koldo García, ni se sabe tampoco quién del Govern balear le facilitó el móvil del director de Gestión del Ib-Salud en 2020, Manuel Palomino, para activar el proceso de compra.
Tras las declaraciones e informes estudiados, el PP afirma que «no se entiende» que la anterior administración socialista sostenga que las mascarillas se compraron para uso domiciliario y como «stock de seguridad» por si las necesitaban los ciudadanos.
La realidad es que se dejaron caducar en un almacén y el propio Ib-Salut reconoce en un informe posterior a la compra que el material recibido no se ajustaba al solicitado.
«Seguimos sin saber por qué se pagaron íntegramente a pesar de la dudosa operación formalizada en tiempo récord, teniendo órdenes de inmovilizarlas desde antes de su llegada a Palma», señala el PP.
El Ib-Salut, mantienen los populares, emitió un certificación de correcta ejecución de la compra el 12 de agosto de 2020, «aun sabiendo» desde el 8 de junio que «las mascarillas no cumplían» con la calidad exigida por el CNMP.
Además, el «Govern Armengol» ocultó este informe a la Unión Europea (UE), la Oficina Anticorrupción de Baleares y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuando sus agentes fueron a buscar todo el expediente de compra en 2022 a la sede en Palma del Ib-Salud por orden de la Fiscalía Especial Anticorrupción.
«El señor Koldo García, asesor entonces del Ministro de Transporte, José Luís Ábalos, valiéndose de su posición en el Ministerio y su influencia sobre los cargos socialistas del Govern de las Islas Baleares, medió para la compra y contratación del cargamento de 1,5 millones de mascarillas por 3,7 millones de euros entre el Ib-Salud y la empresa Soluciones de Gestión», resumen los populares.
Finalmente, el PP pide llevar a cabo una auditoría completa de todos los contratos de emergencia formalizados por la administración balear durante la pandemia de covid-19.
El PSIB insiste en que la compra fue «correcta»
Por su parte, el PSIB-PSOE ha concluido que la compra de 1,5 millones de mascarillas por 3,7 millones de euros a Soluciones de Gestión fue «correcta» y «ajustada a la legalidad».
En su escrito de conclusiones, los socialistas argumentan que así lo avalan sendos informes de la Intervención General de la comunidad autónoma y la Oficina Anticorrupción de las Islas Baleares.
También mantienen que los cubrebocas comprados en 2020 eran «útiles» y cumplieron con la función prevista cuando se adquirieron, como «material de estocaje para uso extrahospitalario y domiciliario».
Además, según la opinión de este partido, en el transcurso de la comisión de investigación del Parlament ha quedado «acreditado que estaba plenamente justificada» la financiación de las mascarillas con fondos de la UE.
Otro aspecto relevante para el PSIB es que el Servicio de Salud balear (Ib-Salud), en 2023, «inició en tiempo y forma» el procedimiento de resolución parcial del contrato suscrito con Soluciones de Gestión por un valor de 2,7 millones de euros, que posteriormente el PP dejó morir por presiones de esta presunta trama.
Entre las propuestas de mejora derivadas de esta comisión de investigación, los socialistas piden que no se «utilice» un foro parlamentario como este «de manera electoralista», menos aún en un periodo de campaña electoral como el actual.
«La gente es mayor de edad y votará con libertad», ha asegurado el portavoz parlamentario socialista, Iago Negueruela, que ha calificado la comisión de «pantomima» del PP y Vox, que antes incluso de celebrarse el primer encuentro «ya tenían redactadas» sus conclusiones.
En este sentido, el grupo de MÉS per Menorca ha recordado este miércoles que dejó de asistir a las reuniones de la comisión por la «instrumentalización» de la misma por parte de populares y Vox con el fin de «erosionar electoralmente a uno de sus competidores». «Las conclusiones ya estaban escritas» desde un inicio, ha lamentado el diputado Josep Castells.
