Prosigue el desencuentro epistolar entre Matutes y Serra

@D.V./ La legalidad o no del proyecto para convertir el faro de sa Conillera en un hotel, ha provocado que el empresario y exministro Abel Matutes, y el presidente del Consell Insular Vicent Serra, se hayan enzarzado en un cruce de cartas. Así, si en un principio Matutes defendía su proyecto a través de ruedas de prensa o de comunicados a través del responsable de comunicación de su grupo empresarial, ahora ha optado por dirigirse personalmente al presidente del Consell, manifestándole en un tono personal -pero también de forma pública- su disconformidad con sus últimas decisiones políticas.

Así, el empresario insiste ante Serra que convertir el faro de sa Conillera en un hotel boutique de ocho habitaciones es perfectamente legal, y se agarra al artículo 45 del Plan de ordenación de la Reserva Natural, en el que se puede leer que ‘es incompatible con la sostenibilidad ambiental del Parque la ubicación de nuevas plazas de alojamiento turístico y residencial turístico, a excepción de aquellas ofertadas como agroturísticas y de las debidamente autorizadas en edificaciones tradicionales que no puedan incluirse en la normativa de agroturismo vigente en cada caso’.

“Te recuerdo que la propia consellería de Medio Ambiente del Govern Balear ha afirmado que ésta es una materia solo interpretable si la instalación es contraria o perjudicial para la flora o fauna del enclave, (…), pero que evidentemente no es una actividad prohibida” afirma el exministro, tuteando con confianza al presidente, y argumenta que un hotel en el faro de sa Conillera “daría un valor añadido a la ‘Marca Ibiza’” y “añadiría un mayor encanto que enriquecería nuestra oferta turística y captaría la atención de aquellos que tienen los atractivos naturales entre sus prioridades”. Matutes compara el hotel en sa Conillera con el albergue que el Govern Balear ha inaugurado en el Parque Nacional de Cabrera, y sostiene que la actividad hotelera serviría para mantener tanto el faro como todo el entorno del islote.

Finalmente, el empresario insiste en querer conocer la opinión de los ibicencos y propone realizar una especie de “consulta ciudadana” sobre este tema.

“En el tema de sa Conillera, hay poco debate”
La idea de Matutes de convocar una consulta popular no provoca más que un profundo escepticismo en el presidente del Consell, quien en su carta de respuesta compara los anhelos del empresario con la consulta soberanista catalana: “Llama la atención que se sume usted a la petición de consultas populares, tan en boga en los últimos tiempos por aquellos que no reconocen la legitimidad de las instituciones democráticas actuales”, para luego desmontar el argumento del plebiscito: “Como usted bien conoce, el sistema democrático que tenemos delega en los representantes políticos la capacidad de decisión y de legislación, siempre rindiendo cuentas ante los ciudadanos y respetando su voluntad mayoritaria. Las consultas populares se reservan a cuestiones de gran calado en las que sea recomendable la consulta directa al ciudadano, lo cual no parece que ampare preguntar sobre proyectos particulares”, rematando con un punto de sorna: “De hecho, hacerlo [la consulta] supondría entrar en un sistema asambleario que, por lo que conozco de sus opiniones políticas, tampoco creo que comparta”.

A continuación, Serra se centra en analizar la legalidad o no del proyecto empresarial y su conclusión es que hay poco que debatir: “Hubo unanimidad en el pleno del Consell que se pronunció sobre el necesario respeto a la protección vigente de la zona y sobre el rechazo a cualquier proyecto que pueda tener un impacto negativo sobre los valores que motivaron su protección”. El presidente del Consell defiende la decisión del pleno y lo define como “una posición política que emana del deseo de protección de la ciudadanía de Eivissa respecto a estos espacios y que se ha plasmado, como toca en una sociedad democrática, mediante leyes votadas en el Parlament de les Illes Balears, sin contar con toda la normativa comunitaria al respecto (Red Natura 2000, etcétera)”. Un decisión unánime del pleno que, para Serra, demuestra que “la postura de la sociedad de Eivissa [en este tema] es de cierto reparo”.

Serra también desmiente que se pueda comparar el hotel en sa Conillera com el albergue en Cabrera, ya que éste contempla estancias máximas de uno o dos noches, y la isla de Cabrera sí es visitable por el público a diferencia de sa Conillera. No obstante, el presidente comenta que todos los aspectos legales “se valorarán de forma precisa y rigurosa por las instituciones”, pero que solicitar una consulta popular para refrendar proyectos particulares “es una forma poco constructiva de favorecer la ‘Marca Ibiza’”.

Esta respuesta del presidente del Consell, de formas suaves y fondo contundente, ha propiciado una nueva réplica de Abel Matutes quien, en su última misiva, asegura que en ningún momento ha querido organizar una consulta popular sino “un sondeo de opinión que nos permitiera conocer el parecer de los ibicencos” y que fuera “el máximo de transparente”.

Finalmente, el empresario insiste en que su proyecto en sa Conillera es perfectamente legal y se remite Plan Territorial Insular de Eivissa, cuya norma 11.7 establece que ‘sea cual sea la categoría de suelo rústico en que se ubiquen, se admitirán en los faros, en las condiciones que el artículo 94.1 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, (…) los usos relacionados con la hostelería a que dicho artículo se refiere’. “Como ves, la legalidad de la implantación de un uso hotelero sostenible en el Faro de Conillera, es una iniciativa que está amparada por la ley, y confiamos en que, como presidente del Consell, cumplas y hagas cumplir la ley” concluye Matutes, que para rebajar la tensión, se despide de Serra con un ‘recibe un cordial saludo de tu amigo‘.