EFE / La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación ha informado este miércoles de que abrió 47 expedientes sancionadores en 2018 por uso incorrecto de denominaciones de origen (DON) o indicaciones geográficas protegidas (IGP) en la venta de alimentos autóctonos de las islas.
El Govern impuso 4 sanciones por este tipo de infracciones el año pasado, ha precisado en un comunicado la institución balear. De esos 47 expedientes sancionadores abiertos, 18 fueron iniciados a través de denuncias.
Entre los 29 relacionados con el uso incorrecto de DON e IGP, siete expedientes afectan a la sobrasada de Mallorca, seis están relacionados con el vino de la tierra de Mallorca, cinco con el aceite de Mallorca, tres con la ensaimada, dos con el queso Mahón-Menorca, dos con la almendra de Mallorca, uno con el aceite oliva, uno con el vino de la tierra Eivissa, uno con el vino de la tierra Formentera y uno con Hierbas Ibicencas, ha indicado la institución.
Por otro lado, los 18 sobre un mal uso de nombres geográficos, afectan a varios productos como bebidas espirituosas, bebidas alcohólicas, galletas, golosinas, aperitivos, confituras, condimentos y aceites, entre otros, ha explicado la conselleria.
Los nombres mal utilizados fueron Islas Baleares en cinco ocasiones, cuatro Mallorca, cinco Eivissa, dos Menorca, uno Formentera y uno Caimari.
En 2018, Agricultura solicitó la colaboración a la Guardia Civil para investigar la venta por Internet de varios productos que utilizaban nombres geográficos protegidos, ha informado la institución.
También solicitó la colaboración a las autoridades de varios países para evitar que operadores extranjeros utilicen los nombres protegidos de las Islas.
Según ha explicado la conselleria, el artículo 30.4. de la Ley 1/1999, de 17 marzo, del Estatuto de los Productores e Industriales Agroalimentarios de las Islas Baleares, se tipifica como infracción el uso de indicaciones de procedencia o denominaciones de calidad que no corresponden al producto o inducen a confusión.
Las mencionadas infracciones se pueden sancionar con un importe que oscila entre 3.000 y 30.000 euros, ha indicado la institución.
La Conselleria ha informado de que en el marco del Plan de Lucha Contra el Fraude Agroalimentario de 2019, se han programado 391 inspecciones que «incluyen todo el circuito comercial: productores, industriales, distribuidores, transporte, minoristas y comercio electrónico».
Durante este año, Agricultura ha indicado que se «reforzará el control con relación al uso de nombres geográficos en la miel y en la cerveza».
