NouDiari / El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia instará a través de un acuerdo plenario al Consell de Ibiza a asumir sus competencias y obligaciones como asesor de los ayuntamientos en materia urbanística y a pronunciarse sobre la situación de los apartamentos Don Pepe, en la playa de es Codolar. El equipo de gobierno lamenta que la máxima institución ha tardado dos meses en contestar a la consulta formulada por los servicios urbanísticos municipales con una respuesta calificada de «muy insatisfactoria» desde el equipo de gobierno de Sant Josep en un comunicado, «la respuesta del Consell se escuda en informaciones publicadas en la prensa para rehuir pronunciarse en ningún sentido», explican.
El equipo de gobierno considera «carente de todo rigor» la contestación recibida, donde se dice que según las informaciones que han visto en prensa, se ha llegado a la conclusión de que el caso ya está resuelto en la vía administrativa, una respuesta «poco seria» que ha recibido el Ayuntamiento con la firma del conseller insular de Territorio.
A este escrito la Corporación municipal responderá recordando que la forma de comunicarse entre administraciones es por la vía del registro de entrada y, si se consulta el del Consell, «no encontrarán ninguna renuncia de Sant Josep a aclarar la complicada situación urbanística de los Don Pepe, de la que depende el futuro de este inmueble».
«Llama clamorosamente la atención que una consulta técnica se de por ventilada según lo que se reproduce en un medio, tanto si estas informaciones son fieles o no a los hechos. En este caso, además, con el agravante que la cuestión no ha sido judicializada, ni se puede entender que así haya sido por lo que se ha publicado del caso», explican.
El Ayuntamiento de Sant Josep pidió a los servicios urbanísticos insulares que se pronunciaran tanto sobre la legalidad de las edificaciones como sobre la posibilidad de conceder licencias sobre los dos bloques. Esta cuestión es motivo de preocupación tanto para las decenas de familias que viven como para el equipo de gobierno y los servicios municipales de Urbanismo. «Si es que hay una salida al hecho de que al menos uno de los bloques se encuentra fuera de ordenación, los técnicos de esta casa no la ven. Y es en esta tarea donde se requirió la asistencia jurídica del Consell», como tiene asignado entre sus competencias, ha recordado el alcalde, Josep Marí Ribas.
De hecho, la denegación del asesoramiento que se pide en este caso vulnera, en opinión del equipo de gobierno, «lo previsto en materia de colaboración entre administraciones públicas, tal y como establece la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público».
Insisten desde Consistorio en que la duda que mantienen los técnicos municipales y que motivaron en su momento la consulta siguen siendo plenamente vigentes y requiere «una respuesta seria por parte de quien la recibe». El Ayuntamiento reiterará esta consulta en este caso acompañada del aval del plenario municipal, destacan.
Con este aval plenario municipal, «se quiere ofrecer al resto de grupos la posibilidad de adherirse a una petición de asesoramiento en una cuestión en la que el resto de fuerzas han compartido la preocupación del equipo de gobierno. De hecho, todas ellas han sido informadas de la evolución del caso y han mostrado su apoyo a la actuación municipal en la protección de las personas afectadas por la situación de peligro inminente en que se encuentra como mínimo una de las edificaciones», finalizan.
