Sant Josep no recurrirá la sentencia que le condena por los excesos sonoros de Platja d’en Bossa

El alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, ha manifestado a NouDiari que el Ayuntamiento no recurrirá la sentencia contra los excesos sonoros de Platja d’en Bossa dictada por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB), como ya hizo en 2019, y que penaliza al Consistorio por no haber actuado en su momento a pesar de contar con pruebas firmes, tal y como demostraban las sonometrías realizadas en su momento. «Es una cosa que viene de 2013, y lo que ocurría entonces no es comparable con lo de ahora. Desde 2015, en este municipio se ha actuado con firmeza contra estos y otros excesos y no ha habido día en que no se haya precintado un equipo de música durante los meses de verano», ha señalado.

«Es una pena que el Ayuntamiento de Sant Josep quede marcado de esta forma por dejación de sus funciones, algo que debería explicar el Partido Popular, que es quien gobernaba en ese momento. Lo cierto es que ahora los expedientes se completan, y se imponen sanciones. Lo que ocurre es que muchas de ellas son posteriormente recurridas y se encuentran inmersas en un proceso judicial que muchas veces se dilata en el tiempo más de lo que nos gustaría. Hay que tener en cuenta que algunas de las sonometrías a las que hace referencia esta sentencia se corresponden con locales o discotecas que ya no existen. A día de hoy, el consistorio está trabajando en este sentido, y lo importante es encontrar el equilibrio para que los vecinos de Sant Jordi u otras localidades puedan descansar sin ruidos y con normalidad», ha señalado.

Asimismo, Guerrero ha dicho que si los vecinos deciden presentar una demanda contra él como alcalde, como dejaban entrever el pasado domingo en este diario, se defenderá en los juzgados, «como hizo el anterior alcalde, Josep Marí Ribas, Agustinet, contra quien por dos veces se archivaron las denuncias por esta causa presentadas por los vecinos por el excesivo volumen de la música», que llega a sus hogares desde una distancia de unos tres kilómetros, aproximadamente, procedente de diferentes establecimientos de ocio de la zona.

También ha señalado que Sant Josep hace todo lo que puede con los medios de los que dispone, 56 policías para todo el municipio, «que tiene 28.000 habitantes, 80 kilómetros de costa, el único aeropuerto de la isla, 25 mil plazas hoteleras y 19 mil en viviendas turísticas. En el año precovid, por el aeropuerto de Ibiza pasaron, creo recordar, unos ocho millones de pasajeros. Además, tenemos una reserva Natural, un Parque Natural, Cala de Bou, con 12.000 habitantes, y se lucha contra fiestas ilegales, menudeo de droga y venta ambulante, así como, por supuesto, los excesos de algunos locales de ocio. La situación de hoy en día no es comparable con que había en el municipio en 2013. Ahora se actúa, pero por desgracia no se puede llegar a todo por falta de medios», ha subrayado Guerrero.

De todas las infracciones por ruidos del año pasado, solo una fue considerada como grave, apunta el primer edil de Sant Josep, que adelanta que en la actualidad hay en curso «muchas» sanciones de 50.000 euros de multa que siguen un proceso judicial después del recurso interpuesto por los propietarios de los negocios denunciados.

Cabe recordar que en la sentencia, publicada en exclusiva por NouDiari el pasado domingo, el TSJIB cargaba con dureza contra el Ayuntamiento de Sant Josep por su forma de proceder: “Es de lamentar el peregrinaje administrativo y judicial que una mala actuación municipal ha comportado a los afectados. Nos encontramos en el año 2022 y no hay constancia documentada de que los expedientes sancionadores hayan concluido de ninguna manera ni de que fueran adoptadas medidas o sanciones” ante las denuncias presentadas en las que se constataban de forma probada los hechos a raíz de las sonometrías practicadas.

El TSJIB da por hecho que el exceso de ruido “ha existido” y señala que “la Ordenanza municipal en cuanto a las limitaciones de la amenización musical” de dichos locales “fue sistemáticamente incumplida”. “La Corporación municipal podía, según el artículo 14 de la mencionada Ordenanza, haber adoptado medidas cautelares. No hay constancia a pesar de las reiteradas denuncias realizadas”, recoge el escrito.

En la misma se instaba al consistorio a tomar medidas ante dichos excesos, recogidos hasta en nueve ocasiones por distintas empresas acreditadas y técnicos municipales y con resultados, “en todos los casos, muy por encima” de los parámetros “máximos permitidos”.