El Pleno de Santa Eulària des Riu ha aprobado esta mañana el convertir todos los jardines públicos del municipio en santuarios de lagartijas para tratar de contribuir a la normalización de la situación de dichos animales, actualmente en grave riesgo por los ataques de serpientes y otros depredadores que también han aumentado su presencia en los últimos años.
Igualmente, se ha dado el visto bueno a una moción para reclamar al Gobierno de España que no obligue a aplicar la subida de la tasa de basuras que se debe aplicar el año 2025 al cambiar el concepto de dicho cargo y que se haya hecho obligatorio cargar sobre el ciudadano directamente todo el coste de la retirada y gestión de residuos. Hasta ahora, el Ayuntamiento podía asumir parte de dicho coste para minimizar el impacto en los bolsillos. Por último, se ha aprobado con modificaciones proponer al Consell d’Alcaldes que se cree un crematorio para mascotas e instar al Consell Insular d’Eivissa a que lo ponga en marcha en el actual mandato. Del orden del día del pleno se han eliminado tres puntos presentados por Vox debido a la no comparecencia de su única representante por motivos de salud.
El pleno ha aprobado, con el apoyo de PP y PSOE y la abstención de Unides Podem, convertir todos los jardines públicos municipales como refugios y reservas de lagartijas, algo que desde hace año y medio se viene haciendo ya en el Paseo Marítimo de Santa Eulària con la instalación de refugios, colocando trampas para serpientes, plantando vegetación que favorece a estos animales o sustituyendo los muretes lisos por otros de piedra seca para que cuente con más espacios de refugio. Estas mismas medidas se irán aplicando en el resto de espacios verdes urbanos en una intervención incluida dentro del plan de gestión de los jardines municipales.
Respecto a la moción sobre la tasa de basuras, presentada por el Partido Popular, se ha destacado que no es necesario repercutir esta tasa a los ciudadanos ya que la normativa europea no obliga a que sea el ciudadano el que asuma dicho coste como defiende Madrid. Por su parte, desde el PSOE se ha considerado que la moción no plantea alternativas a la hora de cumplir aquello a lo que obliga la normativa europea. Igualmente, Unides Podem ha rechazado la propuesta al considerar que la aplicación de la norma simplemente hace que quién más basura genera debe pagar más.
Hay que recordar que en el pleno del mes de octubre se aprobó, de forma inicial, la adecuación de la ordenanza que regula las tasas de recogida de basura y utilización de vertedero, en cumplimiento de la normativa aprobada por el Gobierno del Estado y que desarrolla una directiva de la UE. Este cambio obliga a todos los ayuntamientos de España a trasladar el coste real de la gestión de los residuos a los ciudadanos antes de abril de 2025.
El aumento medio en Santa Eulària es de un 40% si bien se ha tratado de establecer subidas por tramos según los colectivos que más residuos generan o que tienen una mayor capacidad de adaptación. Así, la subida a hoteles de 5 estrellas o viviendas vacacionales es de un 60% mientras que en determinados locales y negocios pequeños hay subidas sólo del 5%. Las viviendas de hasta 150 metros pasan de pagar 125 euros al año/34 céntimos al día a 190 euros/52 céntimos por día.
En cuanto a la moción socialista sobre supuestas irregularidades en la contratación del local de Servicios Sociales, este ha sido denegado al contar con el apoyo de PSOE y con el de Unides Podem, si bien este grupo ha reconocido la imposibilidad de encontrar en su momento otro local más adecuado. Desde el Equipo de Gobierno se ha explicado que el propio departamento de Bienestar Social reclamó en su momento buscar un espacio adecuado para sus funciones y que evaluaron hasta 12 locales disponibles en la población de Santa Eulària, siendo este el más propicio a su parecer.
En su momento, se ha recordado, se ofreció la posibilidad de vetar la operación antes incluso de iniciarse la contratación y esto no se hizo. También se ha recordado que el alquiler de un local puede ser adjudicado directamente según la ley pero que, atendiendo a la particularidad del mismo, se había decidido hacer un procedimiento de licitación abierto a todo el mundo en el que, además, no se presentó nadie más.
La alcaldesa ha explicado nuevamente también que tampoco hubo alegaciones al concurso o su adjudicación por parte de los socialistas, que el precio es el más bajo ofrecido por metro cuadrado de los alquileres con los que cuenta el Aytuntamiento (7,90 euros el metro cuadrado al mes, 33.000 euros al año en un contrato de 15 años); y también le ha remarcado al PSOE que la Oficina Anticorrupción no reclamó la nulidad del contrato o derivó el asunto a Fiscalía, como sí ha hecho en otros casos. Además, se ha explicado que en ningún momento se ha dicho o puesto por escrito que el local estuviese ya perfectamente adaptado para su función sino que era el que mejor se podía reconvertir.
Asimismo, se ha señalado que actualmente no existe ninguna incompatibilidad por parte del concejal y que ya se ha iniciado la revisión de oficio del contrato del local de Servicios Sociales, un expediente todavía abierto por lo que se deben respetar los tiempos y seguir con los procedimientos puramente administrativos.
Sobre otros gastos con la misma empresa se ha defendido que no se han superado en ningún momento los límites, tanto por contrato como anuales, de comprar a una misma empresa, con la que se trabaja desde hace tres décadas.
Sí que ha salido adelante por unanimidad la moción presentada por Unides Podem sobre la creación de un crematorio insular para mascotas, si bien lo ha hecho con modificaciones propuestas por el Grupo Municipal Popular. Así, se ha aprobado que el tema sea planteado delante del Consell d’Alcaldes para buscar un espacio para dicha instalación funeraria y pedir al Consell Insular d’Eivissa que éste sea realidad en este mandato. Se ha eliminado la obligación de eliminar la mención de las mascotas fallecidas como residuos en la ordenanza municipal de basuras: dicha mención figura en la Ley de Residuos y Suelos Contaminantes, norma nacional que debe cumplir e incorporar en su ordenación el Ayuntamiento.
