@Noudiari/ Dieciocho acusados se sientan desde hoy en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, en el arranque del juicio del ‘caso Scala’. El principal acusado en este proceso es el exconseller ibicenco Josep Juan Cardona, quien se enfrenta a una pena de prisión de hasta 21 años y una multa de 7,5 millones de euros por siete delitos de corrupción.
La Fiscalía considera a Cardona, quien ejerció como conseller de Comercio, Industria y Energía entre 2003 y 2007, el principal instigador y director de una trama organizada a través del Consorcio para el Desarrollo Económico de las Illes Balears, un ente que le sirvió, presuntamente, para adueñarse durante cuatro años de fondos públicos. Por este motivo, Cardona está imputado por delitos de asociación ilícita, delitos continuados de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental por funcionario y en documento mercantil y fraude a la administración.
La mano derecha del exconseller y director general de Promoción Industrial durante el mandato de Cardona, Joseph Kurt Viaene, comparte la misma abultada nómina de delitos en su acusación y por ello se enfrenta a la misma multa económica y a 20 años de cárcel. Otra de las principales acusadas en el ‘caso Scala’ es Antonia Ordinas, la exdirectora del Consorcio para el Desarrollo Económico de las Illes Balears y mediáticamente célebre por haber enterrado en su jardín un bote de Cola-cao repleto de dinero. No obstante, Ordinas ha colaborado en la investigación del caso facilitando información y ha devuelto el dinero del que se apropió, por lo que la Fiscalía ha reducido su solicitud de pena a 7 años de prisión y una multa económica de 1,05 millones.
Un consorcio que se convirtió en la gallina de los huevos de oro
El sistema de apropiación indebida de fondos que habían orquestado Josep Juan Cardona, Josephn Kurt Viaene y Antonia Ordinas se basaba en la creación de una red de empresas encabezadas por testaferros, a las que adjudicaron un gran número de contratos financiados con dinero público que pasaba presuntamente al bolsillo de la trama. De hecho, el Consorcio para el Desarrollo Económico de las Illes Balears agotaba con rapidez su presupuesto anual para poder beneficiarse de inyecciones ocasionales de fondos, así como de préstamos bancarios.
El Ministerio Fiscal del ‘caso Scala’ basa su acusación en la inexistencia de documentos que justifiquen el cobro de las abultadísimas facturas presentadas por esta red de empresas fantasma. Además, de ser ciertos estos trabajos encargados desde el Consorcio, éstos habrían tenido que ser aprobados tras lo que administrativamente se denomina un procedimiento negociado sin publicidad, un trámite que no se realizó en ninguno de los casos.
En total, la Fiscalía Anticorrupción solicita penas que sumadas ascienden a 114,5 años y multas que podrían elevarse hasta los 19 millones de euros. Para los otros quince encausados, además de J. J. Cardona, Viaene y Ordinas, la Fiscalía solicita penas entre el medio año y los diez años de prisión, con multas de hasta un millón de euros.
