El Consell Executiu del Consell Insular de Ibiza ha resuelto interponer una sanción de 20.000 euros a un ciudadano extranjero que comercializaba una vivienda turística ilegal en la localidad de Sant Jordi.
La vivienda se publicitaba como “perfecta para grupos” con capacidad para 16 personas, con calendario de disponibilidad, estancia mínima de 7 días, indicaciones de chek-in y de salida, cancelaciones de reserva, la exigencia de un depósito de seguridad y ofrecían servicios como limpieza.
El ayuntamiento de Sant Josep documentó el alquiler turístico señalado y el servicio de inspección turística del Consell de Ibiza revisó esta vivienda, tramitando así el expediente sancionador por infracción en materia de turismo por la publicidad, contratación y comercialización de la vivienda. Todo ello sin haber presentado la correspondiente declaración responsable de inicio de actividad turística o la comunicación previa.
En un principio, se imputaban dos sanciones de 20.000 euros cada una: una para el comercializador (que era el inquilino de la vivienda) y otra para el propietario, puesto que la ley balear hace responsable a los propietarios si no actúan ante estos hechos, al tener conocimiento de que su vivienda se está publicitando como alquiler turístico y hacen caso omiso. El propietario, sin embargo, denunció su inquilino por vía penal y quedó libre de la sanción.
El conseller de Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, ha explicado que este caso, “es un ejemplo de cómo actúa la ley” si los propietarios denuncian a sus inquilinos en el supuesto de que comercialicen la vivienda que tienen alquilada: “quedan libres de una sanción que, ahora mismo, con la reforma de la ley turística, puede llegar a los 40.000 euros”.
También ha destacado “la importancia de la colaboración institucional y de hacer bien las tramitaciones».
«El ayuntamiento de Sant Josep sí documentó como toca este alquiler turístico, con identificaciones y actas policiales, lo que facilitó el trabajo de los servicios de inspección del Consell y poder tramitar esta sanción”, valora el conseller.
Juan ha remarcado “el buen ritmo de trabajo del departamento de Ordenación Turística” que está permitiendo “sacar adelante un gran número de expedientes».
Pero el conseller ha remarcado que con solo sanciones no se arreglará el problema. «El Govern balear tiene que aceptar la propuesta del Consell de Ibiza para cerrar pisos turísticos ilegales cuando se denuncien, es la única manera de enviar un mensaje contundente a los infractores y evitar que esta problemática continúe”. «Desde la creación de la Oficina antiintrusismo se ha triplicado la recaudación de multas respecto a la legislatura pasada, con 1,1 millones de euros en sanciones turísticas y 41 expedientes resueltos en los últimos 12 meses», destaca el Consell en una nota.
