Un juez ordena que un enfermero recupere la incapacidad permanente que obtuvo en 2011, después de perderla una década después porque el afectado trató de reincorporarse a su trabajo siguiendo un consejo médico, aunque luego, pese a su estado de salud, no pudo recuperar.
El juzgado de lo social número 1 de Eivissa ha reconocido al perjudicado, representado por el despacho Voxeler Abogados de Barcelona, la incapacidad permanente absoluta «con derecho a percibir una pensión mensual equivalente al 100 % de su base reguladora de euros, más mejoras y revalorizaciones».
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, el paciente sufre trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo (TOC), trastorno límite de la personalidad (TLP), trastorno por uso de sustancias por cocaína (TUS), psicosis reactivas, HTA e intentó suicidarse en abril de 2022 con una ingesta de medicamentos.
El juez indica que, si bien la revisión de su estado por parte de la Seguridad Social la propició el afectado por recomendación de su médico de cabecera, que le animó a regresar al mundo laboral, «examinada toda la historia clínica del actor no puede concluirse que haya existido mejoría suficiente» para que ocurra.
El hombre recibió una incapacidad permanente en grado de absoluta en una resolución de noviembre de 2011, aunque, una década después, la Seguridad Social consideró, en 2022, que había mejoría y le retiró su condición.
La Seguridad Social le declaró apto con restricciones, aunque pocos meses después el afectado presentó su baja voluntaria del hospital en el que trabajaba.
«Lo que se acredita en el presente procedimiento es que el actor padece un cuadro patológico especialmente gravoso con varias recidivas y varias necesidades de ingresos hospitalarios en tratamiento crónico, presentado una clínica ansiosa y depresiva con ideas autolíticas que no ha mejorado», subraya el fallo.
La sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, indica que en las condiciones en las que se encontraba era «ilusiorio actualmente pretender la incorporación al mercado laboral con un mínimo de eficacia y seguridad».
Voxeler Abogados, encargado de representar al enfermero, ha expresado que apenas dos meses después de su vuelta al trabajo «ya había padecido varias tentativas autolígicas, alguna de tal gravedad que requirieron su ingreso en la UCI».
Añade que el paciente también tenía limitada su capacidad de concentración y atención, con alternaciones a nivel intelectual.
El despacho subraya que, aunque abandonó su puesto de trabajo, la Seguridad Social se negó a devolverle la incapacidad permanente absoluta, al considerar que su reincorporación había estado motivada por la existencia de «una mejoría». EFE
