El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha remitido un escrito oficial al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para solicitar la repatriación de los 70 menores de origen argelino que se encuentran bajo la tutela de la institución insular. Esta petición llega tras confirmarse la pasada semana la repatriación de cinco menores argelinos, un hecho que, según Marí, demuestra que «existen mecanismos efectivos» para abordar esta situación.
El presidente ha argumentado que esta vía debe aplicarse al resto de menores de dicha nacionalidad, ya que se ha constatado que no son menores abandonados, sino que mantienen contacto permanente con sus familias en Argelia. Marí ha calificado la situación actual de «totalmente insostenible», con más de 110 menores extranjeros no acompañados a cargo del Consell, y ha pedido intensificar la colaboración con los países emisores para frenar a las mafias que ponen en riesgo vidas humanas.
Estas declaraciones se han producido en el marco de la IV Conferencia de Presidentes celebrada hoy, donde también se han abordado otros problemas críticos para la isla.
Durante su comparecencia, Vicent Marí ha señalado que la vivienda sigue siendo la mayor preocupación en Ibiza. El presidente ha defendido las políticas del Govern balear para promover vivienda asequible desde el sector privado, alegando que el sector público no puede asumir por sí solo toda la demanda existente.
En este ámbito, ha recordado el esfuerzo del Consell con la cesión de dos solares y la ejecución de una residencia para la Guardia Civil del Mar en el Parque Insular de sa Coma.
Déficit en el transporte público
Otro de los puntos clave ha sido la exigencia de actualizar la financiación del transporte público. Marí ha explicado que, con la entrada en vigor del nuevo contrato el pasado 1 de abril —que incluye más rutas y vehículos modernos—, el número de usuarios ha crecido ya un 20%.
El objetivo es alcanzar los 9 millones de desplazamientos anuales, frente a los 7,5 millones actuales. Sin embargo, este éxito genera un déficit tarifario de 10,17 millones de euros anuales que el Consell pide cubrir. «En un momento de contención turística y limitación de vehículos, el transporte público es la única alternativa real al coche privado», ha sentenciado.
