Vila niega que haya desistido desalojar a los okupas de Sa Penya

@D.V./ Ni están de brazos cruzados, ni permitirán que se queden los okupas, ni han renunciado a acometer la reforma prometida en el barrio. Al menos, eso es lo que asegura el Ayuntamiento de Eivissa, que ha negado las acusaciones vertidas por los vecinos agrupados en la asociación Salvem sa Penya, que ha llegado a amagar con llevar al Ayuntamiento a los tribunales del contencioso-administrativo por no ejecutar el desalojo de los okupas de las viviendas de las calles Alt y Retir que deben ser expropiadas.

“No es cierto que no se hayan ejecutado las expropiaciones” ha asegurado el concejal de Urbanismo Alejandro Marí, que ha recordado que las más de cincuenta viviendas afectadas por la expropiación ya pertenecen todas al Ayuntamiento, y que sólo queda resolver el futuro de una docena de familias. Mari también ha advertido que, aunque le gustaría que el proceso fuera más rápido, todo tiene que seguir sus plazos: “Hay una serie de familias que, aunque no tienen títulos de propiedad, sí que tienen derechos adquiridos, y se ha decidido que se les realojará. En estos momentos se está negociando con el IBAVI con el objetivo de que se pueda firmar un acuerdo”. No obstante, Marí no se ha atrevido a ponerle fecha a este hipotético acuerdo.

«No se ha tirado la toalla»
Respecto a las viviendas que no quedaron libres porque sus ocupantes no quisieron desalojarlas, el concejal ha asegurado que se ha puesto en marcha un acta administrativa que “sigue su curso, ya que no se arregla de un día para otro”. Alejandro Marí también ha querido recalcar que no hay que olvidar que se enfrentan a un problema social porque deben tratar con familias con niños pequeños, y que eso lo cambia todo: “Esto necesita trabajo, hay que tratarlo con los servicios sociales, es un tema muy delicado”.

Respecto a las palabras del presidente de la asociación Salvem sa Penya, Manuel Palá, que acusó al Ayuntamiento de no haber realizado nada en dos años ya que el juez decretó el justiprecio en abril de 2011 y el Consistorio no ha empezado a realizar las notificaciones hasta dos años más tarde, Marí ha recordado que sólo han podido actuar cuando han recibido la partida del presupuesto para poder realizar las expropiaciones: “Hemos estado esperando el dinero del Consorcio. Evidentemente, no podemos expropiar nada si no podemos pagar. Una vez hemos tenido el dinero, empezamos las notificaciones”.

A pesar de la “desesperación” de los vecinos por la suciedad, el ruido, el trapicheo de drogas y la situación invivible del barrio, el concejal ha asegurado que el Ayuntamiento “no tira la toalla ni tampoco está parado” sino que todo está “siguiendo su proceso”.