Vilás reclama al PP nacional la inhabilitación de Carmen Ferrer por un presunto delito de prevaricación

Francisco Vilás San Julián, empresario propietario del Grupo Vilás y de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, ha solicitado formalmente y por escrito a la dirección del Partido Popular de Madrid que suspenda de manera cautelar a la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, por tratarse de una persona investigada por un presunto delito de prevaricación en el caso del futuro hospital privado de Jesús.

Francisco Vilás, sostiene en su demanda que la alcaldesa ha hecho «un uso y abuso de la inactividad administrativa de forma deliberada y torticera para no caducar el expediente administrativo y mantener de forma artificial el procedimiento» en el proyecto del citado hospital. Por ello reclama a Ferrer que “ponga su cargo a disposición del partido” o que directamente “se la inhabilite”.

En un escrito enviado al Comité de Derechos y Garantías y a la presidencia del PP, Vilás expone el caso y recuerda que el Juzgado número 3 de Ibiza ha admitido a trámite la querella contra Ferrer interpuesta por él.

Esto, argumenta, “iría contra los estatutos del partido sobre transparencia y ejemplaridad”, “con lo que dicho comité está obligado a dar respuesta proporcionada ante el daño que representa la corrupción política”. Este escrito fue enviado el 22 de febrero de este año.

El empresario ibicenco ha enviado a la dirección del Partido Popular de Baleares un escrito similar, datado pocos días después, el 26 de enero de este año, en el que solicita al partido que “inste y exija a Maria Carmen Ferrer Torres, que ponga su cargo con carácter de urgencia a disposición del partido o bien se la obligue a ello por estar investigada en la causa urbanística del mencionado centro privado de Jesús”.

Finalmente y tras varios meses de espera, esta misma semana el Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP ha respondido a Vilás que trasladan su escrito a la Comité Autonómico de Derechos y Garantías de Baleares, aunque hay que recordar que este comité insular ya está informado desde enero de este año.

Caso del hospital privado

Vilás explica que en el mes de diciembre de 2021 el Juzgado de Instrucción nº 3 admitió la querella interpuesta contra la alcaldesa por presunta comisión de un delito de prevaricación respecto a los expedientes de obra número 14.594/9 y de actividades número 8516/2015-ACT a la empresa Iniciativas Médicas de Ibiza y Formentera S. L, que es la promotora de “un complejo asistencial y sanitario privado de 33.777 metros cuadrados la finca Cas Doctor Martí de Jesús”, apuntan.

Vilás argumenta que Ferrer está impidiendo “la preceptiva incoación de la caducidad de los citados expedientes” de este hospital, lo que constuiría un presunto delito de prevaricación.

“Esto va en contra de los  propios estatutos del partido que velan por la ejemplaridad y honradez de sus cargos públicos, por lo que debería dejar el cargo o bien el PP debería instar a la alcaldesa a abandonar este cargo”, insiste en los escritos enviados al PP nacional y balear y a los que ha tenido acceso este medio.

En conclusión, Vilás reclama al PP que incoe un expediente informativo primero y disciplinario después, si fuera necesario, contra Carmen Ferrer y que, como medida cautelar, se la suspenda de sus funciones de alcaldesa.

El demandante insiste en que Carmen Ferrer, al ser una persona investigada-imputada por un presunto delito de prevaricación “da mala imagen al partido y a la institución que representa”.

La respuesta del PP de Ibiza

Al conocer las últimas acciones de Francisco Vilás, el PP de Ibiza ha subrayado a Noudiari su apoyo a Carmen Ferrer: “Nosotros respaldamos a nuestra compañera Carmen Ferrer y a los técnicos del Ayuntamiento de Santa Eulària, convencidos como estamos de su rectitud y su honorabilidad”, recalcan.

Y añaden: “Los conflictos entre privados deberían resolverse entre privados sin mezclar ni utilizar a nadie más y menos a las instituciones que actúan con presunción de legalidad”.

“Nuestro partido actúa conforme a nuestras normas de funcionamiento y cualquier cuestión es resuelta por los cauces internos establecidos”, concluyen.

A este respecto, los Estatutos del Partido Popular dicen lo siguiente:

“En el caso de que un afiliado incurra en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público o representativo, o realice conductas que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos que establecen estos Estatutos, y se tenga conocimiento que ha sido llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial el expediente disciplinario se ajustará a las reglas anteriores con las siguientes particularidades:

a) El Comité de Derechos y Garantías que resulte competente, a tenor de lo establecido en el artículo 55 procederá a la apertura de un expediente informativo, el cual se transformará en un expediente disciplinario en el momento en el que se tenga conocimiento de la apertura del juicio oral en el procedimiento judicial correspondiente. La resolución de dicho expediente disciplinario tendrá lugar cuando se dicte la sentencia, no firme, 64 o, en su caso, auto de sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial”.

Y añade: “En los casos de delitos flagrantes de corrupción, el Comité de Derechos y Garantías Nacional a la vista de la gravedad de los hechos podrá determinar la suspensión de funciones o de afiliación, lo que se acordará en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto“.