Unas 86.000 personas viven en situación de pobreza severa en Baleares, con ingresos inferiores a 680 euros mensuales si viven solas. En el caso de una familia formada por dos adultos y dos menores, el umbral se sitúa en 357 euros por persona al mes, según el Informe sobre el estado de la pobreza en las Islas Baleares 2026.
El documento, presentado este viernes en el Parlament por el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Baleares (EAPN-Illes Balears), Xavier Torrens, cifra en unas 190.000 las personas en riesgo de pobreza o exclusión social, el 15,2 % de la población del archipiélago.
Aunque este indicador ha mejorado hasta alcanzar el porcentaje más bajo de la serie histórica y el segundo menor entre las comunidades autónomas, la entidad advierte de que una parte de la población continúa viviendo en condiciones de gran precariedad. Torrens ha pedido «no conformarse con esta realidad».
El informe se ha elaborado a partir de los datos de 2025 de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Uno de los datos que más preocupa a la entidad es la situación de la infancia. El 23 % de los menores de 18 años de Baleares se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, casi ocho puntos por encima de la media del conjunto de la población.
EAPN-Illes Balears, que agrupa a 24 organizaciones del ámbito de la asistencia social, alerta de que esta situación limita las oportunidades de desarrollo de niños y adolescentes y puede contribuir a perpetuar la pobreza entre generaciones.
Por otra parte, la tasa de pobreza monetaria ha aumentado ligeramente hasta el 11,6 %, después de tres años consecutivos de descensos. Este indicador mide el porcentaje de residentes cuyos ingresos se encuentran por debajo del 60 % de la renta mediana nacional.
La organización considera que la recuperación económica y del empleo no está llegando de manera suficiente a los colectivos más vulnerables. Entre los factores que agravan la situación señala la pérdida de capacidad del trabajo para garantizar la inclusión social, el encarecimiento del coste de la vida y las dificultades para acceder a una vivienda digna.
La vivienda, uno de los principales factores de exclusión
El acceso a la vivienda ocupa un lugar central en las conclusiones del informe. Según los datos recogidos por la entidad, el precio de compraventa de las viviendas aumentó un 95,1 % entre 2015 y 2025, mientras que los alquileres se encarecieron un 28,8 % entre 2015 y 2024.
EAPN-Illes Balears relaciona esta evolución con el aumento de las inversiones inmobiliarias, la expansión del alquiler turístico y la escasez histórica de vivienda pública a precios asequibles.
Ante esta situación, Torrens ha reclamado políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda digna y ha defendido que debe prevalecer su función social frente a su consideración como un bien de mercado.
La entidad propone impulsar la vivienda pública, fomentar el alquiler social y desarrollar medidas para evitar los desahucios y la expulsión de residentes de determinadas zonas. También pide actuaciones «valientes, consensuadas y efectivas» para facilitar el acceso a un hogar.
Reclaman ampliar las ayudas económicas
El informe también plantea mejorar la cobertura de las prestaciones destinadas a las personas con menos recursos. Torrens ha defendido que se deben garantizar unos ingresos mínimos a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, con independencia de su situación económica, laboral o administrativa.
En concreto, la organización reclama ampliar la cobertura y la cuantía de la Renta Social Garantizada (RESOGA), mejorar la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) y aprobar una prestación universal por crianza, una medida que, según la entidad, ya existe en la mayoría de los países europeos.
Respecto al ingreso mínimo vital, Torrens ha asegurado que actualmente solo llega a un tercio de sus potenciales beneficiarios.
El documento subraya, además, el papel de las transferencias públicas para reducir la pobreza: sin las prestaciones económicas de las administraciones, la tasa se aproximaría al 28 %.
La organización ha expresado asimismo su preocupación por el incremento de los discursos de odio y de la aporofobia —el rechazo hacia las personas pobres— en los ámbitos político, mediático y social.
Según EAPN-Illes Balears, estos discursos estigmatizan a los colectivos vulnerables, los responsabilizan de su situación y contribuyen a legitimar la discriminación y la exclusión social.
Por este motivo, la lucha contra la aporofobia será el eje de una nueva campaña de sensibilización que la entidad pondrá en marcha durante las próximas semanas.
EFE
