El Govern ha intensificado este año la lucha contra los chárteres náuticos irregulares y ha alcanzado un récord de expedientes sancionadores con la incoación de 162 este año, con propuestas de sanción que suman 471.600 euros.
Hasta mediados de diciembre, la campaña de control de la Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo ha incoado esos 162 expedientes sancionadores por infracciones relacionadas con el alquiler de embarcaciones de recreo y 2 expedientes sancionadores por infracciones de la normativa de ordenación del transporte marítimo, ha detallado la Cosnelleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado.
De los 162 expedientes vinculados al alquiler de embarcaciones, 95 corresponden a infracciones leves, 63 a graves y 4 a infracciones muy graves. Del total, 114 expedientes ya han sido finalizados, mientras que 48 permanecen abiertos en diferentes fases de tramitación.
En cuanto al origen de las actuaciones, 116 expedientes se han iniciado a partir de actas o denuncias formuladas por la Guardia Civil o por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Delegación Especial de la AEAT.
Los otros 46 expedientes se han incoado a partir de inspecciones realizadas por los técnicos de la Dirección General, tanto de carácter documental como a bordo de las embarcaciones.
Asimismo, hasta mediados de diciembre, permanecen pendientes de iniciar 56 actas, denuncias e informes ya recibidos. Las sanciones propuestas en el inicio de los 162 expedientes sancionadores ascienden a ese importe de 471.600,01 euros.
Estos datos consolidan la tendencia al alza registrada en los últimos años y refuerzan la línea de trabajo del Govern para erradicar prácticas irregulares que comprometen la seguridad marítima y la protección del medio marino.
«La intensificación de las actuaciones permite detectar, sancionar y prevenir actividades de chárter que no cumplen los requisitos legales o que vulneran la normativa vigente», señala la nota.
En paralelo, Ports de les Illes Balears avanza en el despliegue del nuevo servicio de vigilancia, inspección y control del litoral, concebido para reforzar la seguridad y el control de usos en el entorno costero, con especial atención al seguimiento de la actividad náutica y recreativa.
El servicio cuenta con una flota específica de embarcaciones de vigilancia, apoyada por personal inspector habilitado y por un sistema de coordinación centralizado para incrementar la capacidad de detección de infracciones, mejorar la presencia preventiva en el litoral y reforzar la actuación frente a prácticas irregulares, especialmente en periodos de mayor actividad náutica, como el verano.
EFE
