EFE / El Parlament ha aprobado este martes la convalidación del decreto ley del Govern de medidas urgentes en materia de vivienda, que pretende su salida al mercado a precios limitados, con el apoyo del PP y Vox y los votos contrarios de PSIB, MÉS y Unidas Podemos.
Sin sorpresas, como estaba previsto, Vox ha dado su voto favorable a esta iniciativa del Ejecutivo del PP que se tramitará como proyecto de ley en la Cámara legislativa antes de su aprobación definitiva para que todos los partidos puedan presentar sus propuestas y mejorar el texto.
La consellera de Vivienda, Marta Vidal, ha invitado a todos los partidos a «enriquecer» este decreto ley que pretende hacer frente al «problema más grave» que tienen las Islas Baleares como es la falta de vivienda y el encarecimiento año tras año de los precios de compra y alquiler.
Vidal ha subrayado que esta iniciativa ofrecerá viviendas a precios un 40% por debajo del precio de mercado y permitirá la reconversión de locales, la división horizontal y el crecimiento en alturas.
La consellera ha resaltado la creación de la figura de vivienda a precio limitado (VPL) en las áreas urbanas de los municipios de las islas, sin consumir territorio, que pondrá en el mercado pisos con unos precios regulados por la administración. El Govern no tendrá que aportar ni un euro, ha destacado.
La franja de los precios variará según el municipio y la etiqueta energética de las viviendas.
Rechazo en bloque de la oposición
La oposición ha rechazado en bloque una de las principales iniciativas políticas del Ejecutivo de Marga Prohens en esta legislatura.
La diputada del PSIB Mercedes Garrido ha criticado el «modelo individualista» de vivienda que propone el PP con un decreto ley que ha sido redactado «por y para» los constructores y los promotores inmobiliarios.
«Es un negocio redondo para ellos», ha asegurado Garrido, que ha reseñado que la «única» vivienda a precio asequible para los ciudadanos son las 21 promociones de protección oficial que el Govern de Francina Armengol (PSIB) ha dejado de herencia al PP.
Por su parte, el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha criticado que el Govern desconoce qué numero de viviendas se construirán y ha reivindicado un «pacto de Estado» de todos los partidos que ponga en el mercado las miles de viviendas vacías que hay en el archipiélago.
Además, ha echado en cara al Ejecutivo que publicitara «a bombo y platillo» el decreto ley antes de su aprobación por parte del Consell de Govern, por lo que perdió todo su efecto sorpresa.
El portavoz de MÉS per Menorca, Josep Castells, ha considerado que se trata de un decreto «totalmente lesivo para la autonomía municipal» y refleja un «urbanismo franquista» con una intención de contar con «viviendas y más viviendas» sin tener en cuenta ningún tipo de planeamiento ni servicios públicos.
La diputada de Unidas Podemos Cristina Gómez ha mantenido que lo que debe hacer cualquier administración pública es «hacer vivienda pública» que favorezca, sobre todo, a los ciudadanos con menor poder adquisitivo.
Finalmente, la portavoz de Vox, Idoia Ribas se ha referido al «drama» de miles de ciudadanos de las islas que no pueden acceder a un lugar donde vivir, por lo que era necesario una «actuación inmediata».
Ribas ha echado en cara a la oposición la falta de políticas de vivienda en las dos pasadas legislaturas y se ha mostrado partidaria de incentivar a la iniciativa privada para activar el mercado y que los baleares, a un precio «asequible», puedan tener la oportunidad de comprar o alquilar un casa.
