@Noudiari / La Policía Nacional informó ayer de la detención del cabecilla de una organización, ciudadano español de origen marroquí, acusado de 161 delitos de estafa y falsedad documental, que se encontraba fugado desde julio y que estuvo viviendo en Ibiza, según publica europasur.es. Las investigaciones fueron realizadas por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, Sección de Investigación de la Seguridad Social, en colaboración con el Grupo de Blanqueo de Capitales, perteneciente a la Udyco de la Comisaría de Algeciras.
Durante la investigación se determinó que el acusado había creado un complejo entramado empresarial, formado por 10 empresas operando con 15 códigos de cuenta de cotización en distintas provincias españolas, principalmente en Madrid, Islas Baleares y Algeciras. La única intención era defraudar a la Seguridad Social y la generación masiva de contratos falsos a ciudadanos extranjeros o bien para la percepción ilícita de todo tipo de prestaciones o para la regularización de su situación en España.
Fruto de la investigación en julio se desarrolló un dispositivo policial en las ciudades de Ibiza, Madrid y Algeciras, por el cual se procedió a la detención de un total de 76 detenidos, de los cuales tres son españoles y 73 extranjeros. Un autorizado RED imputado no detenido y un total de 84 imputados no detenidos, explica europasur.es.
Si bien quedaba por detener el principal responsable, el cual al tener conocimiento de las detenciones se ocultó en una barriada de Algeciras, amparado por familiares y amigos, con la intención de evadir la acción policial, circunstancia que entorpeció la actuación de los agentes, ya que no era posible su localización al tener la protección del entorno. Se localizó el día 21.
El entramado ilegal creado dio de altas a más de 500 personas, de las que hasta el momento se ha podido demostrar que unas 180 habrían percibido ilícitamente algún tipo de prestación y que al menos 135 habrían empleado dichos contratos falsos para su regularización como extranjeros en España, habiendo conseguido la autorización de residencia un total de 53. Estas actuaciones generaron un perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social de 836.113,47 euros, y al Servicio Público de Empleo Estatal de 916.058 euros. El total del dinero defraudado a ambos organismos es de 1.752.0171,48 euros.
