Baleares «no puede recibir ni un menor más» porque ni tiene espacios para acogerles ni profesionales especializados para tratarlos y, por tanto, se opone al nuevo reparto que pretende el Gobierno.
En los pasillos del Parlament, la consellera de Asuntos Sociales, Catalina Cirer (PP), ha criticado que, una vez más, el Ejecutivo balear se ha enterado de un nuevo reparto de menores migrantes no acompañados a través de los medios de comunicación y no directamente por parte del Ministerio de Migraciones.
Según este nuevo reparto, a Baleares le correspondería un cupo de 59 menores y 27 a Cataluña, lo que le resulta «poco lógico» y no es «objetivo». Unicamente responde a intereses políticos, ha criticado.
Cirer ha insistido en la idea de que las Islas Baleares son un destino de las rutas de migración ilegales del Mediterráneo desde el norte de África y los consells insulars de cada isla deben atender a los menores no acompañados que llegan cada mes al archipiélago.
Por su parte, el conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Antoni Fuster (PP), ha dicho que no se trata de una cuestión de falta de solidaridad, sino de que Mallorca está «al límite».
«Con esta política sanchista de llegada de más y mas migrantes, Mallorca se va a convertir en un Canarias II y no lo queremos», ha aseverado.
Denuncia en el Senado
El senador autonómico Miquel Jerez también ha intervenido en el pleno del Senado en el marco del debate sobre una moción relativa a la transferencia de competencias en materia de inmigración y control de fronteras. Durante su intervención, el senador del PP ha denunciado «la deslealtad del Gobierno de Pedro Sánchez al cerrar, de espaldas a las comunidades autónomas, un nuevo pacto excluyente con Junts para reformar la Ley de Extranjería».
Jerez ha criticado que muchas comunidades autónomas, entre ellas las Islas Baleares, han sido ignoradas en la toma de decisiones sobre el reparto de menores migrantes, a pesar de la grave saturación de sus recursos. «Esperábamos una solución justa, razonable y consensuada que nos permitiera gestionar con dignidad la tutela de los menores llegados a nuestras costas. Pero la realidad es que nuestra capacidad de respuesta está agotada y, además, estamos solos. Pedro Sánchez y el Estado han desaparecido», ha lamentado.
El senador ha calificado el pacto como «vergonzante» y un «insulto» a las comunidades autónomas que deberán asumir las consecuencias de una decisión impuesta desde fuera de España. «Se trata de un nuevo complot contra las autonomías que esperaban ser escuchadas y que, por estar gobernadas por el Partido Popular, son ahora víctimas de una represalia política», ha denunciado.
