EFE / En Baleares vive una treintena de menores extranjeros no acompañados (menas), un número reducido comparado con el que habita en Andalucía, donde están 4.798 del total de 10.162 que hay en España.
En la ciudad Autónoma de Melilla hay 1.046 menores inmigrantes de los que llegan a España solos, mientras que, según datos del Ministerio de Interior, en el País Vasco hay 943; en Madrid 522 y en la Comunidad Valenciana 489.
Y las comunidades que menos acogen son Aragón dónde solo hay 57 menores inmigrantes no acompañados, Baleares con 30, Navarra con 28, Extremadura con 7 y La Rioja donde a Interior solo le consta uno.
De todos modos, contabilizar a estos menores no es fácil, dado que una cosa son los que cada comunidad tiene bajo su tutela, que son las cifras oficiales, y otra los menores de estas características que han sido atendidos, que son muchos mas.
La diferencia se debe a que muchos de ellos son atendidos pero no pasan a ser tutelados porque se demuestra que no son menores, porque la administración localiza a algún familiar o tutor legal que se hace cargo de él o porque el propio familiar o tutor legal reclama al menor.
O simplemente porque el proceso para ser tutelado es largo y no aparece como tal que éste finaliza.
No obstante, la desigualdad de las cifras es evidente y la queja de las comunidades que más acogen sin medios suficientes para hacerlo ha llevado al Gobierno a destinar 40 millones de euros a las que, voluntariamente, decidan acoger de forma solidaria a menores extranjeros no acompañados procedentes de otras comunidades y a las que han registrado un aumento este año.
Para ello, el Ejecutivo se ha comprometido, tras una reunión con los representantes autonómicos, a aprobar un real decreto para la mejora y la atención de los menores extranjeros no acompañados.
Las comunidades tendrán un plazo de 15 días para presentarse voluntarias y, una vez cerrada la acogida solidaria entre las regiones y fijado el número de menores por cada una, se procederá al reparto de los fondos.
Un anuncio que valoraron las distintas comunidades aunque no de igual manera y, mientras algunas se muestran dispuestas a acoger a nuevos menores, otras como Madrid o Canarias, pidieron un protocolo serio de atención a estos niños y que se impulsen nuevas formas atención como las familias de acogida.
Y, si bien desde la ciudad autónoma de Ceuta, presidida por el PP, se apuntó como «mejor solución» la devolución de los menores a su país de origen, finalmente esta propuesta no fue llevada a la reunión pese a ser una opción que también defendía Melilla.
Andalucía también apostó por facilitar la vuelta y el reagrupamiento familiar de los menores que quisieran volver a su país pero con la misma formula que desde hace tiempo reclama la ONG Save the Children, «la reagrupación familiar pero con todas las garantías y teniendo en cuenta la opinión del niño de manera individualizada».
Las principales ONG que trabajan con inmigrantes están satisfechas con el acuerdo y urgen a que se active cuanto antes para que la distribución de menores se haga lo antes posible.
Estas organizaciones han pedido a los gobiernos regionales que reciban a los movimientos sociales y ONG y analicen las mejoras necesarias para actualizar sus sistemas de acogida a menores para evitar errores e improvisaciones con el fin de buscar el interés superior del niño y seguir las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño.
