‘Botja’ y Arabí quitan hierro a la destrucción patrimonial durante la construcción de la segunda ronda

@D.V./ El exconseller insular de Cultura y Patrimonio, Joan Marí Tur ‘Botja’, y el exdirector de Patrimonio Antoni Arabí, se han sentado en el banquillo de los acusados en la primera jornada del juicio sobre la destrucción de diversos elementos del patrimonio arqueológico durante las obras de la segunda ronda de Vila, entre los años 2004 y 2006. En el banquillo les ha acompañado el contructor Matías Arrom Bibiloni y el jefe de obras Sancho Álvarez. Todos afrontan una petición de pena de 3 años de prisión por presuntos delitos continuados contra el Patrimonio Histórico. ‘Botja’ y Arabí, además, también afrontan una acusación de prevaricación y una petición de inhabilitación de 14 años.

El principal debate del juicio ha girado sobre la importancia patrimonial de los restos destruídos. Así, mientras las acusaciones han pormenorizado todos y cada uno de los elementos eliminados, las defensas han relativizado su importancia e, incluso, han desmentido su valor histórico. “La destrucción no fue para tanto. Lo que se ha dicho se ha exagerado” ha declarado Arabí, mientras que Marí Tur ha asegurado que las acusaciones se basan en “las envidias y las mentiras”.

Marí Tur: «Lo que sucedió era inevitable»
Los destrozos juzgados empezaron en otoño de 2004 con la rotura de una cisterna púnico-romana en Can Bufí, prosiguiendo en diciembre con una edificio púnico entre las rotondas de Puig d’en Valls y Jesús, y del camí vell de Puig d’en Valls que gozaba de la protección de BIC. Posteriormente, a lo largo de 2005, se destrozó un silo situado en Can Misses, una necrópolis romana y un tramo de 20 metros de un acueducto romano, y un silo en can Cifré con abundantes restos de cerámica.

“Cuando hay unas obras públicas de esta envergadura y con esta maquinaria, es inevitable que sucedan estas cosas” ha dicho el exconseller Marí Tur, quien ha negado huber consentido ninguna ilegalidad: “Yo hice caso de los técnicos y asesores, especialmente al arqueólogo del Consell, Juan Ramón Torres”. Marí Tur ha recordado que en el informe de Ramón se habla de que los restos hallados en Jesús son “probablemente” púnico-romanos, pero “no es seguro”. También ha negado que el silo de Can Cifré tuviera ningún valor: “Era sólo un agujero para plantar una higuera”.

En la misma línea se ha pronunciado Antoni Arabí, quien ha asegurado que la zona donde se construía “no era una área de cautela arqueológica”. Cuando se le ha preguntado por la destrucción patrimonial ha reconocido la importancia de la pérdida del acueducto y la cisterna, pero “nada más”. Ha reconocido que la destrucción del Camí Vell, que era BIC, “fue un error mío”, y ha admitido una total ignorancia en temas arqueológicos: “De eso se encargan los técnicos. Son ellos los que determinan si algo tiene suficiente relevancia como para ser conservado”.

¿Un silo o el agujero de una higuera?
Las obras empezaron sin ningún tipo de control arqueológico -lo cual era una ilegalidad- aunque posteriormente fueron supervisadas por Josep María Garí, Ricard Marlasca y Josefina Escandell, de la empresa Posidonia. Estos fueron despedidos en mayo de 2005 y durante un mes y medio las obras prosiguieron sin ningún tipo de control -momento en el que se acentuaron las destrucciones- y posteriormente la constructora contrató a los arqueólogos Joan Roig y Jonathan Castro, que prosiguieron la supervisión hasta el final de los trabajos.

Castro ha criticado con mucha dureza el trabajo de los tres arqueólogos de Posidonia, y ha asegurado que se basaba en “premisas políticas y no técnicas”. “Su trabajo fue un desastre. No estaban a pie de obra, así no puedes ver lo que está sucediendo” ha dicho Castro, para quienes las denuncias de los otros arqueólogos son exageradas. Según él, el caso del supuesto silo de Can Cifre es de ‘vergüenza ajena’: “Eso no se parece en nada a un silo. Es clarísimamente un agujero para plantar un árbol”.

No tan categórico se ha mostrado el arqueólogo del Consell, Joan Ramón, quien ha defendido el trabajo de todos los arqueólogos participantes, tanto del primer grupo como los que fueron contratados a posteriori, y no se ha pronunciado sobre los restos arqueológicos encontrados en Jesús: “No se puede asegurar al 100% que sean restos púnico-romanos”.

Por su parte, los arqueólogos de Posidonia han ratificado sus denuncias. Así, Josefa Escandell ha explicado que el hallazgo de Can Cifre era un silo por su “forma de botella, mientras que un agujero para plantar una higuera tiene una forma distinta”. Garí ha reiterado que los restos de Jesús pertenecían a una casa ya que encontraron “dos muros, un pavimento y una cerámica del siglo II a.C”.

Garí ha denunciado la escasa colaboración de la empresa constructora MAB y de su voluntad “obstruccionista” para impedirles realizar su trabajo. “Ellos tenían el deber de avisarnos cada vez que actuaban las retroexcavadoras y no lo hacían. Nos obligaban a ir de Can Cifre a Jesús como si fuéramos policías, vigilando que no se pusieran a trabajar sin que nos avisaran”, y ha asegurado que ellos tres estuvieron “cada día a pie de obra, incluso los días festivos”.

“No me leo los contratos” y “no leo periódicos”
La declaración más surrealista de todas ha sdio, con diferencia, la del constructor mallorquín Matías Arrom Bibiloni. El constructor ha asegurado ignorar el hecho de que las obras requirieran un control arqueológico, a pesar de que el pliego de condiciones de la contrata sí que lo estipulaba y que, de hecho, había una partida presupuestaria consignada. “No me leo los contratos de las obras que hacemos. Nunca me leo los documentos. Somos una empresa grande y no me da tiempo de leerlo todo” se ha excusado el constructor.

Cuando se le ha preguntado por las cartas y los requirimientos por parte del Consell Insular para que las obras contaran con una supervisión arqueológica se ha excusado diciendo que “no me leo las cartas” y que su principal preocupación es “pagar las nóminas el día 30”. Sobre su control de las obras que se realizaban se ha limitado a decir que “iba cada tres meses, saludaba a la gente… Les decía ‘¿todo bien?’ y me respondían ‘bien, bien’ y yo me quedaba tranquilo”. Y se ha quedado tan ancho.

Las obras eran un encargo del Govern balear pero la labor de supervisión patrimonial correspondía al Consell Insular. Los trabajos eran ilegales ya que empezaron sin el control arqueológico pertinente, algo que le pasó desapercibido en primera instancia a Marí Tur. “No me enteré de que empezaron los obras” ha declarado y, cuando el Fiscal le ha comentado que la noticia apareció en todos los periódicos, ‘Botja’ ha respondido que “no me leo los periódicos ni hago caso a la prensa”.

Este jueves se celebrará la segunda y última jornada del juicio, con la declaración de los peritos independientes y la lectura de conclusiones.