La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Illes Balears (CAS-IB), ante el convenio publico-privado del Govern Balear con la Policlínica Nuestra Señora del Rosario y con la automovilística Seat para acelerar la vacunación, ha mostrado su decepción «ante el desmantelamiento de la sanidad pública en Baleares», explican en unan nota.
Baleares es la tercera comunidad autónoma en conciertos privados y de las ultimas en inversión en atención primaria, recuerdan desde la CAS-IB, de la que CGT Baleares es miembro. «Ante el anuncio de la consellera de salud Patricia Gómez, de privatizar las vacunaciones en nuestra comunidad, manifestamos nuestra perplejidad, ya que en la práctica es exactamente lo mismo que la señora Ayuso realiza en Madrid», critican.
Afirman que «los que creemos en lo público debemos condenar y denunciar las acciones tendentes a deteriorar y privatizar aún más nuestra sanidad, que en el caso de Baleares ya está en una situación extremadamente peligrosa. Los fondos destinados a estos conciertos privados se detraen del dinero que debería de invertirse en el sector de gestión directa. Por ejemplo, invirtiendo en personal y reforzando urgentemente la Atención Primaria (Baleares es una de las CCAA con menor inversión), así como en atención especializada para reducir las pavorosas listas de espera».
Esto no es nuevo, insisten, «nuestra consellera de sanidad, año tras año incrementa los fondos dedicados a conciertos privados y reduce los dedicados a los centros públicos, siendo ya la tercera CCAA con mayor privatización sanitaria. Como resultado, los seguros sanitarios privados siguen creciendo en nuestra comunidad, a costa de aquellos sectores de población que aún pueden permitírselo. Denigrante es tener que hacerse un seguro privado por no ser atenido en tiempos razonables, mientras pagas tus impuestos y con ellos el gobierno balear engorda los bolsillos de los accionistas de los centros privados. Vergonzoso».
La CAS-IB critica la excusa de la vacuna, esta vez, «en lugar de reforzar el sistema público, se ha decidido que Vilás y Seat vacunen. Sin embargo, en lo peor de la primera ola, Vilás no colaboró con la atención hospitalaria porque no le salía rentable. Ahora se muestran solidarios… porque sí le sale a cuenta. No podemos permitir que esto siga sucediendo».
Además, denuncian el «abuso» que el Govern Balear hace del artículo 90 de la Ley General de Sanidad. «Abuso que no hizo en plena pandemia cuando nos quedamos, literalmente, sin camas y sin personal sanitario en los centros públicos. Entonces, las empresas privadas que especulan con la salud miraron hacia otro lugar, también la señora Gómez. Por lo que en nuestra opinión, el Govern Balear debería de demostrar claramente con hechos si defiende la sanidad pública, o por lo contrario potencia una sanidad privatizada para los más ricos».
Desde CAS-IB reclaman una sanidad pública de calidad, que garantice el acceso en igualdad de condiciones y que se gestione democráticamente. «El dinero de nuestros impuestos debe destinarse a reforzar el sistema público. Así podríamos reducir las listas de espera optimizando en horario de mañana y tarde los hospitales (intervenciones quirúrgicas, especialistas, etc. ), y potenciar la Atención Primaria para que sea capaz de actuar no solo asistencialmente, sino de forma preventiva».
