CCOO ha advertido este viernes de que la propuesta de cogestión de los aeropuertos de Baleares podría encarecer su gestión y provocar un aumento de las tasas y del precio de los billetes de avión para los residentes, sin permitir limitar el número de vuelos.
El responsable de CCOO en Baleares del Grupo Aena, Ramon Enric Carreras, ha cuestionado en un comunicado los argumentos utilizados para defender la iniciativa después de que el Gobierno central haya retirado el veto a la ley para que pueda ser debatida en las Cortes Generales.
En su escrito, Carreras sostiene que Aena se autofinancia mediante las tasas aeroportuarias y los ingresos que obtiene de las empresas que desarrollan actividades comerciales o económicas en sus instalaciones, por lo que considera que fragmentar su gestión aumentaría los costes.
Según el responsable sindical, una eventual división del actual modelo podría comportar una subida de las tasas aeroportuarias y, como primera consecuencia, billetes de avión más caros para los residentes de Baleares.
Carreras rechaza también que la gestión de Aena sea la responsable de la masificación turística y pone como ejemplo las diferencias entre Ibiza y Menorca, pese a que los aeropuertos de ambas islas tienen el mismo gestor.
Según los datos que recoge el escrito, el aeropuerto de Ibiza registró 9,1 millones de pasajeros en 2025, frente a los 4,2 millones de Menorca.
Para CCOO, la diferencia responde a los distintos modelos económicos y territoriales desarrollados en ambas islas y no a la gestión aeroportuaria.
El representante sindical sostiene asimismo que una gestión autonómica no permitiría controlar directamente el número de vuelos ni los ‘slots’ (permiso de despegue o aterrizaje), puesto que su asignación está regulada por normativa europea y, en España, corresponde desde 2014 a la Asociación Española para la Coordinación y Facilitación de Franjas Horarias (AECFA).
Por ello, Carreras rechaza que la ley de cogestión permita limitar los vuelos y considera que Aena, por su dimensión, dispone de mayor capacidad de negociación que la que tendría un organismo autonómico.
EFE
