Cerca de 200.000 personas en Baleares se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, según la última Encuesta de Condiciones de Vida de la Red por la Inclusión Social-EAPN. A pesar de que el indicador AROPE ha descendido cuatro puntos respecto al año anterior, situándose en el 16,2 %, la Red por la Inclusión Social-EAPN Baleares advierte que estas cifras siguen reflejando una realidad preocupante y que los datos oficiales no contemplan el alcance total del problema.
El informe señala avances en distintos componentes del índice AROPE. Baleares ha sido la comunidad autónoma con mayor incremento de la renta por persona y ha experimentado una notable reducción en la tasa de pobreza, que ha pasado del 15,3 % al 11,3 %. También se han registrado mejoras en la baja intensidad de empleo en los hogares (del 5 % al 4,2 %) y en la privación material y social severa, que se ha reducido del 8,3 % al 4,3 %.
Sin embargo, desde la EAPN Balears insisten en que estos datos deben considerarse como un mínimo, ya que la encuesta se realiza exclusivamente en hogares y, por tanto, no refleja la situación de las personas que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad, como quienes viven en la calle, en asentamientos irregulares, en albergues o en caravanas.
Además, aunque la mejora en los indicadores sugiere un cierto avance, la organización advierte de que los factores estructurales que generan pobreza y exclusión social siguen presentes y, en algunos casos, se han agudizado en los últimos años.
El empleo no es garantía de inclusión
Uno de los aspectos más preocupantes que destaca la EAPN Balears es la pérdida del carácter inclusivo del empleo. Históricamente, contar con un trabajo se consideraba la vía principal para salir de la pobreza, pero en Baleares esta realidad ha cambiado. Los salarios actuales no son suficientes para hacer frente al constante aumento del coste de vida, especialmente en sectores como la vivienda, la energía y los bienes de primera necesidad.
Baleares es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de población viviendo de alquiler, lo que supone un factor de exclusión adicional. La combinación del encarecimiento del mercado del alquiler, la especulación inmobiliaria y el incremento de viviendas destinadas a alquiler turístico han provocado que muchas familias no puedan acceder a una residencia estable y asequible.
Además, la discriminación en el acceso a la vivienda sigue siendo una barrera para muchas personas, especialmente aquellas con hijos, personas migrantes o con bajos ingresos. La dificultad para encontrar un alquiler accesible y la falta de políticas efectivas para regular el mercado inmobiliario han contribuido a agravar la situación. Desde la EAPN Balears se reconoce el impacto positivo de algunas políticas sociales implementadas en los últimos años, como el denominado escudo social, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y otras medidas orientadas a mitigar la desigualdad.
Sin embargo, la organización advierte que estas iniciativas, aunque necesarias, han sido insuficientes para erradicar la pobreza estructural en Baleares.
«El fenómeno de la pobreza y la exclusión social genera un círculo vicioso que perpetúa las desigualdades y limita las oportunidades de miles de familias para desarrollar un proyecto de vida digno», alertan desde la entidad.
Uno de los principales problemas identificados es que el modelo económico actual no está garantizando una distribución justa de la riqueza.
Mientras que sectores como el turismo siguen registrando beneficios récord, el aumento de los salarios no ha ido acompañado de una mejora en la calidad de vida de los trabajadores. Muchas familias dependen de empleos precarios, con contratos temporales o a tiempo parcial, lo que dificulta su estabilidad económica.
EAPN Balears advierte que, si no se toman medidas urgentes y estructurales, la brecha social en las islas seguirá creciendo, afectando no solo a las generaciones actuales, sino también a las futuras. La dificultad de acceso a una vivienda, la precarización del empleo y la insuficiencia de las ayudas sociales pueden generar un escenario en el que la pobreza y la exclusión se consoliden como una realidad permanente para un sector significativo de la población.
“El sistema económico actual, con una estructura salarial desfasada respecto al crecimiento y los beneficios empresariales, y la imposibilidad de acceder a un derecho fundamental como la vivienda, están profundizando la desigualdad. Si no actuamos con rapidez y decisión, esta situación se perpetuará y seguirá afectando a las generaciones futuras”, advierten desde la entidad.
Ante esta situación, la EAPN Balears reclama una mayor implicación del sector público y el desarrollo de políticas efectivas que garanticen el acceso a una vivienda asequible, la protección real de las personas en situación de vulnerabilidad y una redistribución equitativa de la riqueza.
Entre las medidas que proponen se incluyen la regularización del mercado del alquiler, el aumento de las ayudas a la vivienda, el fortalecimiento de los programas de empleo y formación, y la revisión de las políticas de protección social, para adaptarlas a las nuevas realidades económicas y evitar que ningún ciudadano quede excluido del sistema.
EFE
