El sector del socorrismo en las Illes Balears ha decidido pasar a la acción frente a las denominadas “empresas pirata” y al intrusismo laboral que, según patronales y sindicatos, lleva años degradando un servicio esencial para la seguridad en playas y, sobre todo, en piscinas.
Tras la firma en diciembre del II Convenio Colectivo Sectorial de Vigilancia Acuática y Socorrismo, trabajadores y empresas han acordado la creación de una comisión específica de seguimiento y control, con el objetivo de detectar, documentar y denunciar prácticas irregulares que permiten a algunos operadores competir con precios anormalmente bajos.
Desde el sector advierten de que el principal foco del problema se encuentra en las piscinas de los hoteles, donde en demasiadas ocasiones “se prioriza el precio más barato posible, mirando hacia otro lado respecto al cumplimiento legal”, una dinámica que, según denuncian, acaba traduciéndose en riesgos reales para los usuarios.
Ofertas fuera de mercado y fraude laboral
Las organizaciones firmantes del convenio explican que durante años se ha consolidado una competencia desleal basada en fórmulas incompatibles con la legalidad laboral: socorristas sin alta en la Seguridad Social, personal sin la titulación exigida e incluso trabajadores en situación administrativa irregular.
A ello se suman prácticas de fraude laboral como los pagos en negro, el abono de horas extra fuera de nómina o incluso pagos realizados “por Bizum”, fórmulas que el sector califica de ilegales y que dificultan cualquier control o trazabilidad. “Cuando aparecen ofertas uno, dos o tres euros por hora por debajo del precio de mercado, no es eficiencia: es incumplimiento”, señalan.
Con el marco salarial y de cotización fijado en el nuevo convenio —vigente del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2029 y con subidas salariales en todas las categorías—, el sector considera “inviable” sostener un servicio profesional con esas tarifas sin recurrir a irregularidades.
Riesgos legales, reputacionales y de seguridad
El aviso va dirigido de forma clara a los establecimientos hoteleros y a las cadenas turísticas, muy presentes en Ibiza. “Elegir un servicio únicamente por precio puede derivar en responsabilidades legales, daños reputacionales y, lo más grave, en poner en peligro la seguridad de los usuarios”, alertan.
Desde el sector recuerdan que varios de los casos más graves de ahogamiento de menores registrados en Baleares en los últimos años se han producido en piscinas, un dato que refuerza la necesidad de no trivializar la vigilancia acuática. “No es un trámite administrativo, es prevención. Hablamos de vidas”, subrayan.
Comisión de control y canal de denuncias anónimo
La comisión de seguimiento estará integrada por las entidades firmantes del convenio —SALVIB, AEBS y los sindicatos CCOO, UGT y CGT— y trabajará de forma coordinada para detectar ofertas anormalmente bajas, recopilar evidencias y trasladarlas a los organismos competentes, con especial atención a la Inspección de Trabajo.
Entre las medidas anunciadas destaca la habilitación de un correo de denuncia anónimo, pensado especialmente para trabajadores del sector, aunque abierto a cualquier persona con conocimiento directo de irregularidades. El objetivo es canalizar la información de forma segura, contrastarla y actuar con rapidez cuando existan indicios sólidos.
Un mensaje claro para 2026
El sector confía en que la puesta en marcha de esta comisión marque un punto de inflexión, especialmente en destinos turísticos como Ibiza, donde la seguridad en piscinas es un elemento clave de la experiencia del visitante y de la imagen del destino.
“El objetivo es claro: garantizar el cumplimiento del convenio, proteger a los trabajadores y asegurar un servicio de socorrismo profesional y seguro, cerrando el paso a quienes compiten fuera de las reglas”, concluyen las partes firmantes.
