EFE / La Asociación de Constructores de Baleares ha manifestado este miércoles la indignación del sector por la negativa de los ayuntamientos a tramitar las reclamaciones de revisión excepcional de precios, al no haber respondido ninguna de las 18 peticiones que se han registrado hasta el momento.

La patronal ha expresado en un comunicado el «profundo malestar» de las empresas contratistas por el hecho de que los ayuntamientos se nieguen a tramitar tanto las reclamaciones de revisión excepcional de precios basadas en el Real Decreto RDL 3/2022 del Gobierno, como las compensaciones económicas del DL 4/2022 del Govern, lo que les obligará a presentar demandas en los juzgados.

Se han presentado ya, como mínimo, 18 reclamaciones a los consistorios y ninguna ha obtenido respuesta.

La presidenta de la Asociación, Fanny Alba, explica la situación: «La actitud de los ayuntamientos nos indigna por su nula solidaridad y empatía con los sobrecostes que han tenido que asumir las empresas, poniendo incluso en peligro su viabilidad».

Los municipios alegan que no han acordado en pleno su adhesión a estos decretos, pero obvian el Dictamen 27/2022 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, que establece que las corporaciones locales (Consells y ayuntamientos) quedan adheridas a las medidas de compensación económica sin necesidad de acuerdo, porque no disponen de competencia legislativa en contratación pública.

«No entendemos cómo los políticos pueden declarar públicamente estar al lado de las empresas y después no quieren aplicar las revisiones y compensaciones a las que tiene derecho las empresas legítimamente», añade Alba.

La «actitud insolidaria» de los ayuntamientos obligará a las constructoras de obra pública a convertir todas las reclamaciones en demandas en los juzgados para poder obtener el reequilibrio económico de los contratos recogido en la Ley de Contratos del Sector Público, advierten.

Según un estudio de la patronal, el 86 % de las obras públicas realizadas en 2021 en Baleares no pueden acogerse al Real Decreto Ley 3/2022 estatal de revisión excepcional de precios y por tanto solo el 14 % tienen derecho a dicha revisión.

A pesar del «desorbitado aumento de precios» de los materiales, causado por la pandemia y agravado por la guerra en Ucrania, el 68 % de las obras realizadas quedan excluidas por haber finalizado antes de la fecha de entrada del RDL, ya que en las islas predominan las obras de tamaño menor y corta duración.

Otro 18 % queda excluido por no superar el umbral del 5 % de incremento determinado por 4 materiales. Los constructores explican que el decreto excluye la energía, «a pesar de haber experimentado una fuerte subida con la invasión rusa y suponer incrementos del 30 % en el coste de muchas obras».

Dado que solo el 14 % de las obras tienen derecho a la revisión, la situación obliga a la mayoría de constructoras a asumir unos sobrecostes que, como recoge el propio decreto en su exposición de motivos, «altera el equilibrio del contrato por un encarecimiento extraordinario de los precios de los materiales que excede en lo incluido en el riesgo y ventura del empresario».

En cuanto al decreto autonómico 4/2022 para el reequilibrio de los contratos, ante la «enorme complejidad» para aplicarlo, la Asociación de Constructores de Baleares planteó a la Conselleria de Hacienda una serie de mejoras que fueron aceptadas y publicadas en el BOIB del pasado 16 de junio.

«La sorpresa llega con las dudas planteadas por el Gobierno central sobre la legalidad del decreto, que ha llevado a la creación de una comisión bilateral para tratar de evitar un recurso de inconstitucionalidad. En este sentido, compartimos la valoración del Govern de que el decreto es plenamente constitucional», indica la patronal.

Los constructores recalcan que su aplicación será «de suma importancia para las empresas» de las islas ante las dificultades que entraña el decreto estatal y porque el autonómico sí que incluye la energía.

La asociación pide al Govern «celeridad», para que acuerde en Consell de Govern los parámetros y la metodología para el cálculo de la compensación, e insiste en que dejarlo en suspenso dejaría como única salida a las empresas «acudir a la justicia ordinaria para reclamar el reequilibrio económico de los contratos, saturando así los juzgados».

La Asociación de Constructores señala que, a diferencia de otros sectores, la construcción no ha recibido ayudas directas. Ponen como ejemplo la paradoja de que una empresa de alquiler de camiones volquete sí ha recibido la ayuda directa por vehículo para compensar el alza de los combustibles, mientras una constructora que utiliza esos mismos camiones «no ha podido acceder a la ayuda por su código CNAE».

Alba aboga por «trabajar conjuntamente con las administraciones para dar solución a los grandes sobrecostes que están y han sufrido las empresas». «Su viabilidad está en peligro si no pueden acceder a revisiones, compensaciones o ayudas directas para garantizar su supervivencia», advierte.