La Asociación de Constructores de Baleares con su presidenta, Fanny Alba, han mantenido este viernes una reunión con la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la que han lamentado el alto porcentaje de obras públicas desiertas en primera licitación, algo que va «en perjuicio de todos».
Durante el 2023, 91 licitaciones por valor de 69 millones de euros quedaron desiertas, como mínimo en primera convocatoria, obligando a las administraciones a revisar al alza el precio de los contratos, a veces en dos o tres ocasiones.
Por lo que respecta a la licitación de la Comunidad Autónoma correspondiente al Govern, quedaron 21 obras desiertas por valor de 37 millones. Supone el 54 % del total de la inversión que ha quedado desierta.
Los constructores han explicado al ejecutivo que esto supone un enorme perjuicio para el ciudadano porque proyectos necesarios como centros docentes, sanitarios y proyectos viarios sufren retrasos innecesarios.
El último ejemplo es la reciente licitación desierta del nuevo colegio de Es Mercadal en Menorca, donde no se ha presentado ninguna empresa. «Resulta imprescindible actualizar los precios de los proyectos como exige la ley y evitar que se liciten contratos que finalmente quedan desiertos por no reflejar la realidad del mercado», alertan.
Por organismos, al Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) de 25 obras publicadas, 9 le quedaron desiertas; al IBAVI de 10 obras, 3 resultaron desiertas, al IBSALUT de 14 obras, 2 desiertas y, por último, a Ports IB, de 5 obras, 3 desiertas.
En este sentido, y para evitar la proliferación de más obras desiertas durante los próximos años, han reclamado al Govern que se comprometa a aplicar en todas sus licitaciones de obra superiores a un año de duración una cláusula de revisión de precios por defecto. Esto aumentaría la concurrencia de las empresas.
Por otra parte, han solicitado al Govern que los órganos de contratación de la CAIB establezcan por defecto el porcentaje del 17 % en la partida de gastos generales de sus licitaciones, como ya han hecho otras Comunidades Autónomas.
Actualmente, existe por ley un baremo entre el 13 % y 17 %, pero, por defecto, siempre se aplica el mínimo, el 13 %, sin tener en cuenta el incremento de cargas burocráticas y la subida de costes en general.
Asimismo, hemos solicitado que los organismos públicos del Govern comuniquen anualmente sus planes de inversión para el ejercicio en cuestión para que las empresas contratistas también puedan planificar su trabajo.
Además, también han expresado que la tramitación administrativa municipal de licencias de obra debe ser más ágil al ser las islas una de las comunidades de todo el estado donde más retrasos se produce en la tramitación con una media de 18 meses que en algunos municipios se puede alargar hasta los dos años.
«Es imprescindible que el Govern dé un paso más y autorice las entidades de colaboración urbanística (ECUS). En las comunidades autónomas dónde ya está implantado, como Madrid o Valencia, se ha reducido de forma considerable el tiempo de tramitación de las licencias urbanísticas», afirman.
EFE
