La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado este jueves un aumento de las agresiones a los agentes de la autoridad en Baleares, algo que atribuye a la pérdida del principio de autoridad, y reclama cambios legislativos como un endurecimiento de las penas por atentado contra los agentes.
Las agresiones a policías han alcanzado en Baleares las cifras más altas de los últimos 16 años, según un comunicado del sindicato, que indica que en 2022 hubo unas 500 agresiones a policías nacionales y guardias civiles en las islas.
En 2021, aumentaron un 128 % las condenas a agresores de policías, señala la CEP, cuyos servicios jurídicos defienden ante los tribunales a decenas de policías.
A nivel nacional, en 2022, se alcanzó la mayor cifra de agresiones a policías y guardias civiles de los últimos quince años, con 35 casos de media diaria, lo que supone más de mil al mes. La CEP señala que siete de cada diez agresiones afectan a la Policía Nacional, razón por la que el sindicato lanzó en junio la campaña “Tiene Delito”, para dar a conocer esta realidad y reclamar medidas que refuercen la protección física y jurídica de los agente.
La CEP cuestiona cómo puede proteger a la sociedad quien a su vez no está protegido y denuncia que el principio de autoridad se ha deteriorado en España y «pegar a un policía casi sale gratis», porque «el Código Penal es débil con los violentos y casi nadie pisa la cárcel».
Entre las medidas que reclaman figura un endurecimiento del Código Penal en cuanto a las penas y multas que apareja el delito de atentado contra agente de la autoridad y que, en los casos más graves, quienes lo cometan no puedan beneficiarse de una suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad.
Reformar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, para que se recojan nuevas sanciones para aquellos «que compliquen las intervenciones policiales, convirtiéndolas en un continuo tira y afloja, grabado en directo y subido a redes sociales», es otra de sus reivindicaciones.
La CEP reclama además que el Ministerio del Interior contrate el seguro de responsabilidad civil, que ya figura en la Ley Orgánica 9/2015 y que siete años después sigue sin ser una realidad; y pide a la Fiscalía General del Estado la emisión de instrucciones claras y comunes para el ejercicio de la acusación contra los autores de agresiones a policías.
El sindicato pide medios de protección para policías, de manera que todos los agentes tengan chaleco antibalas, defensa extensible, pistola eléctrica, spray de defensa personal, guantes anticorte, cámaras de uso personal y una formación continuada y actualizada.
EFE
