El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha conseguido constatar diversas irregularidades urbanísticas en una vivienda gracias a la autorización para realizar la entrada a la misma después de que su impidiese el acceso a los técnicos municipales y la Policía Local en diferentes ocasiones desde 2018.
Se trata de un recurso extremo al cual se ha recurrido ante la voluntad de obstaculización del dueño y que se solicitará en otros cuatro casos si los titulares de las viviendas no aceptan el requerimiento por escrito que se les va a presentar después de haber pedido el permiso de acceso a sus propiedades en múltiples ocasiones.
La decisión del Consistorio de recurrir a los juzgados se ha adoptado para poder combatir la realización de obras ilegales, algunas de las cuales podrían tener como objetivo el adaptar espacios de las casas para la realización de fiestas u otras actividades ilegales. Esta voluntad de la propiedad de obstaculizar la labor inspectora será tenida en cuenta a la hora de fijar la cuantía de las multas que se puedan imponer tras las inspecciones.
La primera de las peticiones de este tipo que ha formulado el Consistorio ha sido autorizada y ya se ha producido la inspección por parte del celador de Obras. Se trata de una vivienda ubicada en la calle Joaquín Gomis, la cual había sido denunciada por los vecinos en 2018.
La solicitud al juzgado se cursó en julio del año pasado, después de que en noviembre de 2018 se registrara la primera denuncia por parte de la propiedad de una parcela colindante.
Ese mismo mes la denuncia llegó a los Servicios Técnicos Municipales y se procedió a realizar una visita a la vivienda sin que se permitiera el acceso. En numerosas ocasiones se intentó contactar con la propiedad para acordar una inspección voluntaria, siendo esto intentos infructuosos.
En julio de 2019 ya se hizo un escrito en que se informaba a la propiedad de que, si no concertaba una visita, estaría incurriendo en una infracción grave de la Ley 12/2017 de Urbanismo por obstaculizar la actividad inspectora del Ayuntamiento. Un supuesto representante de la propiedad afirmó que el propietario no podía acudir en verano a franquear el acceso por lo que pedía el aplazamiento del permiso.
Al firmante de este equipo se le pidió la acreditación de que representaba a la propiedad, una documentación que en julio del año pasado no había aportado. Tampoco se había producido ningún contacto para concertar una inspección fuera de la temporada veraniega por lo que se procedió a solicitar al juzgado la entrada en la vivienda.
Hace pocas semanas llegó la autorización del juzgado y, finalmente, en la primera quincena de junio un celador de obras pudo acceder a la vivienda, una casa unifamiliar en la que se ha podido constatar que se había ejecutado una piscina sin licencia, se había reconvertido un garaje en vivienda y se habían realizado trabajos de reforma interior.
Ahora, dentro del expediente sancionador abierto, se procederá a realizar una valoración de los trabajos, cantidad que se tomará como referencia para fijar la multa, además de la obligación de deshacer los trabajos realizados y asumir los costes de la tramitación judicial.
