El mallorquín Cristian Lacoma López, requerido por las autoridades españolas por los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública y fraude migratorio, ha sido detenido en la ciudad colombiana de Medellín.
¡Cayó traficante de anabolizantes buscado por España! En desarrollo del horizonte institucional Cooperación Internacional, en Medellín hicimos efectiva la Notificación Roja contra el ciudadano español Cristian Lacoma López, requerido por las autoridades de ese país por los… pic.twitter.com/eClutlwLRg
— General William René Salamanca Ramírez (@DirectorPolicia) February 5, 2025
El arresto ha sido hecho público a través de la red X por el director general de la Policía Nacional de Colombia, William René Salamanca, que encabeza su texto con la frase: «¡Cayó traficante de anabolizantes buscado por España!».
Lacoma, que tiene en Youtube un canal llamado Lacomafitness en el que da consejos de cuidado personal y confiesa que sufrió bullying en el instituto y que se alistó en La Legión, ya fue detenido en 2017 en relación al desmantelamiento de una red de tráfico de anabolizantes extendida por varias regiones, después de que ese mismo año la Guardia Civil abriera una investigación tras detectar que desde un centro deportivo de Calvià se distribuían este tipo de sustancias sin ningún tipo de control sanitario y terapéutico.
El responsable de esta práctica ilícita mantenía contactos con otras estructuras criminales dedicadas a la misma actividad e importaba la mayor parte de las sustancias desde Portugal.
El hombre está señalado por haber pertenecido a una organización criminal de Mallorca dedicada a la fabricación y comercialización ilícita de sustancias anabolizantes y de marihuana, destaca el general Salamanca en su comunicado público, que añade que utilizaba como fachada dos establecimientos comerciales.
Lacoma también está acusado de formar parte de otra organización criminal que facilitaba a ciudadanos extranjeros la obtención ilegal de permisos de residencia por arraigo laboral.
Para ello, apunta el director de la Policía de Colombia, exigía pagos mínimos de 2.500 euros y utilizaba empresas de su propiedad, a través de las cuales expedía contratos laborales ficticios que respaldaban la documentación fraudulenta.
EFE / Redacción
